El director de la policía judicial costarricense, Walter Espinoza, dijo en conferencia de prensa que Víquez fue detenido la madrugada de este domingo en la localidad mexicana de San Nicolás de los Garza, cerca de la ciudad norteña de Monterrey.
El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense confirmó la información en un comunicado e indicó que se le asignó un defensor público para asistirlo mientras se resuelve la solicitud de extradición al país centroamericano.
'El exsacerdote fue puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México', señaló el comunicado de la cancillería.
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El arresto de Víquez, de 54 años, ocurrió pocos días después de que dos de las supuestas víctimas de los abusos viajaron a México para pedir apoyo de la ciudadanía en su localización.
El exsacerdote, expulsado del clero en febrero pasado, abandonó Costa Rica en enero y los registros migratorios indican que desde entonces se encontraba en México, a donde llegó desde Panamá.
Espinoza dijo que la policía judicial determinó su ubicación el 11 de abril pasado a partir de una red social en la que Víquez se identificó con su segundo nombre, Antonio, para ofrecer servicios de asesoría en elaboración de tesis, un trabajo que realizó en Costa Rica.
'A partir del estudio de los datos de la red se determinó que la persona que usaba esa red era Víquez', dijo Espinoza.
Con información de la empresa telefónica local, la policía mexicana determinó la casa donde vivía Víquez, por lo que realizó el allanamiento la madrugada del domingo.
Michael Rodríguez, uno de los acusadores de Víquez, dijo que su viaje a México junto a Anthony Venegas, otra supuesta víctima, permitió llamar la atención de la población sobre la presencia del exsacerdote.
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'No había tanta información en México sobre el asunto, creo que logramos despertar la ayuda de la gente' por las entrevistas que brindaron a medios de comunicación en ese país, dijo Rodríguez a AFP.
El exsacerdote se dio a la fuga en enero porque una denuncia en su contra tiene vigencia penal.
Bajo la ley costarricense, las denuncias de abuso sexual contra menores prescriben 10 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad, de 18 años.
En el caso de Víquez, una de las denuncias en su contra cumplirá ese plazo en setiembre próximo.
El parlamento costarricense aprobó recientemente una ley impulsada por Rodríguez y Venegas para aumentar a 25 años el plazo de prescripción de este tipo de delitos.
