LA LIMA, PERÚ.- Un juzgado dictó este jueves -8 de diciembre- siete días de prisión provisional contra el recién destituido presidente de Perú, Pedro Castillo.
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“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
En la audiencia, el fiscal supremo de Perú, Marco Huamán, declaró que la medida era “necesaria para realizar pesquisas orientadas a, entre otros cosas, identificar qué otros funcionarios participaron en el presunto delito de rebelión”.
Asimismo evitar el riesgo de que fugue a otro país, exponiendo la intención de Pedro Castillo de ir a la Embajada de México al momento de su detención desde el miércoles -7 de diciembre-.
“A José Pedro Castillo Terrones se le acusa del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, con la modalidad de rebelión en agravio del Estadio y alternativamente por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado”, indica el documento del Poder Judicial, tras la audiencia.
Además, revela que el exmandatario estará bajo prisión preliminar en un “plazo que estará vigente del 7 al 13 de diciembre de 2022”.
A Castillo se le acusa de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de estado al disolver el Congreso Nacional peruano y solicitar nuevas elecciones en este poder del Estado.
Ante ello, el Congreso optó por aprobar la moción de vacancia contra el exmandatario, con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones de un total de 130 congresistas.
La policía detuvo a Castillo el miércoles en horas de la tarde, luego de conocer la vacancia presidencial de Perú, y se dirigía a la embajada de México en la capital peruana para pedir asilo político.
Durante la audiencia, el expresidente, de 53 años, lucía abrumado y con el rostro desencajado. Vistió la misma camisa azul con la que se le detuvo el día anterior.
Castillo, visiblemente nervioso, no intervino ante el juzgado para replicar las imputaciones en su derecho a defensa, cediendo a sus abogados la palabra.
“Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión” porque éste no se concretó, alegaron los abogados de Castillo.
“Pedimos declarar infundado el pedido de la fiscalía”, subrayó su defensa, indicando que no se realizaron los hechos que se le imputan ya que ni el Congreso ni las fuerzas armadas acataron la orden de disolución ni de implementar un toque de queda que ordenó Castillo en sus últimos instantes como mandatario de Perú.
Perú vive horas de incertidumbre en medio de una crisis política que parece no tener fin y que dejó, a más de 24 horas de destitución de Castillo, a Dina Boluarte como nueva presidenta.
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