Ese fue el inicio de los constantes choques entre el presidente y los diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que, junto a los legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se han unido contra el mandatario en una pelea que han llevado a todos los campos políticos antes de las elecciones municipales y legislativas de febrero 2021.
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Con 51 de los 84 votos de la Asamblea a favor, los diputados aprobaron recomendar el cese del contraalmirante Francis Merino Monroy al responsabilizarlo por los acontecimientos del 9 de febrero que el legislador del PDC Rodolfo Parker calificó como “un golpe fallido”.
La alianza opositora suma 63 representantes — 37 de Arena, 23 de FMLN y 3 de PDC — lo que le permite controlar todas las decisiones del Congreso unicameral.
Al conocer la resolución, Bukele respondió en un tuit que “ni aunque tuvieran 84 votos, destituyera al ministro Merino Monroy”.
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“¿Destituir al Ministro de Defensa? ¿Al actual? ¿Al mejor que hemos tenido? Emmmm.... ¡NO!”, agregó. “Ya les dije que no. Pero lo que sí es probable, es que el pueblo los destituya a ustedes el 28 de febrero”, cuando se celebren los comicios.
Según la Constitución, después de una interpelación los diputados solo pueden recomendar la destitución de los ministros, pero el presidente no está obligado a acatarla. Este tipo de recomendaciones de la Asamblea solo son vinculantes cuando se refiere a jefes de seguridad pública o de inteligencia por causa de graves violaciones de los derechos humanos.
El dictamen se produjo tras una interpelación de Merino Monroy el pasado 21 de agosto en la que, por más de 10 horas, respondió a 17 preguntas y repreguntas de los diputados.
Además de la recomendación de destitución, los legisladores acordaron enviar un informe a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; a diplomáticos radicados en El Salvador, al Congreso de Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los representantes de los países amigos del proceso de paz.
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El informe establece que el “interpelado (Merino Monroy) evadió las preguntas de los diputados, mintió” y deja abierta la posibilidad de que pueda repetirse un hecho como el del 9 de febrero.
