El número de solicitantes de asilo que ingresarán inicialmente será muy limitado. El proceso arrancará el viernes en el paso fronterizo de San Diego, antes de expandirse al de Brownsville, Texas, el lunes y al de El Paso, también en Texas, el próximo viernes.
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Las autoridades estadounidense advirtieron a los migrantes que no vayan a la frontera con México, señalando que las 25.000 personas que se estima tienen casos activos dentro de programa “Permanecer en México” y varios cientos más que recurrieron fallos judiciales deben registrarse en un cibersitio que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados lanzará a principios de la próxima semana.
Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones, la agencia migratoria de la ONU, tiene previsto realizar pruebas de detección del COVID-19 a los solicitantes de asilo y pondrá en cuarentena durante 10 días a todo aquel que dé positivo antes de entrar a Estados Unidos.
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El viernes es un día clave para el desmantelamiento de una de las políticas estrella de Trump para disuadir a la gente de buscar protección frente a la persecución, y para devolver al sistema de asilo estadounidense a la fórmula con la que funcionó durante décadas. Pero hay algunas dudas sin respuesta, como la forma en la que regresarán a la frontera los centroamericanos que volvieron a sus países.
Tampoco está claro cuánto tiempo llevará resolver los más de 25.000 casos activos del programa de Trump con la norma de que los primeros serán los más antiguos. Las autoridades señalaron que dos de los pasos fronterizo pueden gestionar hasta 300 personas al día cada uno, y el tercero, más pequeño, admitirá a menos, pero comenzarán muy por debajo de esa cifra.
Biden está cumpliendo rápidamente su promesa electoral de cancelar esta política, cuyo nombre oficial es “Protocolos de Protección de Migrantes”, que según el gobierno de Trump era fundamental para revertir el aumento de llegadas de solicitantes de asilo, que alcanzó su pico en 2019. Pero este programa expuso también a los migrantes a la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas y les dificultó encontrar abogados y comunicarse con los tribunales sobre sus casos.
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Alrededor de 70.000 solicitantes de asilo formaron parte del programa desde que comenzó en enero de 2019. Aquellos cuyos casos fueron desestimados o denegados no pueden optar a volver al país, pero los funcionarios estadounidenses no descartaron algún tipo de ayuda más adelante.
El gobierno de Biden, que dejó de inscribir a los recién llegados en su primer día como presidente, dijo la semana pasada que las personas con casos de asilo activos serían liberados en territorio estadounidense con citaciones para comparecer ante cortes migratoria lo más cerca posible de su destino final. Esto supuso un gran alivio para quienes optan a esta protección, mientras que Washington y la ONU pidieron que no haya llegadas masivas a la frontera.
Cerca de 100 personas esperaron durante horas el miércoles en Tijuana, México, en el cruce fronterizo con San Diego antes de que un agente migratorio mexicano respondiese sus preguntas sobre el cambio de política.
Edwin Gómez, quien contó que su esposa y su hijo de 14 años fueron asesinados por bandas en El Salvador al no poder pagar las tarifas de extorsión de su taller de autos, estaba ansioso por reunirse con su hija de 15 años en Austin, Texas. Ella ya tiene asilo y vive con familiares.
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'Nunca pensé que esto fuese a pasar', dijo Gómez, de 36 años, con una sonrisa.
Al otro lado de la frontera del río Bravo, la salvadoreña Enda Marisol Rivera y su hijo de 10 años llevan toda la semana soportando las gélidas temperaturas acurrucados bajo pilas de mantas donadas en su tienda improvisada con lonas. La estufa de gas propano se congeló, dijo. A pesar de las dificultades causadas por la ola de frío polar que sacudió Texas y el norte de México, Rivera estaba animada y seguía de cerca las noticias.
Ella y su hijo están entre los alrededor de 1.000 migrantes que viven en un campamento de tiendas instalado en un extenso parque al sur del río Bravo, en la ciudad mexicana de Matamoros. Unos 850 de ellos han solicitado asilo y se les dijo que debían esperar en México a conocer la fecha de su juicio.
Muchos rechazaron esta semana los ofrecimientos para trasladarse a albergues en la ciudad por temor a perder su ocasión para ingresar en Estados Unidos si no están cerca de la frontera. El intenso frío es solo otro obstáculo en el camino de quienes huyeron de la violencia en sus países y viven en el limbo. Algunos llevan esperando más de dos años.
Rivera tenía la esperanza de poder cruzar al país, donde podría vivir con su hermana en Los Ángeles mientras su caso avanza en los tribunales.
Organizaciones no gubernamentales, incluyendo Jewish Family Service de San Diego y Global Response Management, que trabaja en Matamoros y Brownsville, tendrán un papel crucial en la organización de alojamiento temporal y del transporte una vez que los migrantes ingresen a Estados Unidos.
“Este problema lleva años gestándose y están tratando de hallar soluciones, pero están enfrentando las cosas que surgen en tiempo real', dijo Andrea Leiner, vocera de Global Response Management, que ha estado proporcionando atención médica en el campamento de Matamoros. “Creo que necesitamos tener un poco de paciencia y dar margen para que esto se arregle mientras todos los actores implicados ponen en marcha sus planes par empezar a hacer esto de forma segura y eficaz'.
Pero añadió que todo el mundo está nervioso, especialmente los solicitantes de asilo.
“La gente está increíblemente esperanzada de que esta sea su oportunidad para cruzar, pero también hay mucha ansiedad y medio a que, de alguna forma, si hacen algo incorrecto y no están en el lugar adecuado en el momento adecuado les pueda dejar fuera', agregó Leiner.
