San Salvador, El Salvador
Con órdenes judiciales, la policía salvadoreña capturó el viernes a siete miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, vinculados al asesinato de 11 personas, entre ellas nueve trabajadores de una empresa distribuidora de energía eléctrica, además de dos campesinos que presenciaron el crimen.
La Fiscalía General de la República giró órdenes de captura contra 14 pandilleros de la 18 Revolucionarios, nueve adultos y cinco menores de edad, a los que se les habría comprobado su participación en la matanza perpetrada el marzo en una zona rural del municipio de San Juan Opico, a 43 kilómetros al noroeste de la capital. Las víctimas fueron maniatadas antes de ejecutarlas.
El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que luego de una amplia investigación y con la colaboración de la ciudadanía, fueron capturados cinco adultos y dos menores de edad. Los pandilleros capturados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y pertenecer a organizaciones terroristas.
Cotto informó que otros seis pandilleros siguen prófugos y que otro más —identificado como José Alfredo Landaverde, a quien señalan como el cabecilla de este grupo de pandilleros_, falleció al enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
El jefe policial dijo que Landaverde 'era el cabecilla de la estructura criminal y él tomó la acción que se ejecutara a esas personas. Fue precisamente a ese sujeto al que le decomisaron un teléfono y en el cual se encontró el video donde se observa cómo los asesinaron con lujo de barbarie'.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de 2.500 dólares a las personas que ayuden a localizar al resto de pandilleros que siguen prófugos y que participaron en la matanza.
Luego de esta matanza, el gobierno salvadoreño decretó estado de emergencia en siete cárceles y trasladó hasta el penal de Quezalpeteque a los reconocidos cabecillas de estos grupos criminales. Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter a aislamientos severos a estos criminales.
También desplegaron un contingente de 1.000 soldados y policías de las fuerzas élite para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que han emigrado a las zonas rurales, donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales. Estas unidades especiales tienen también como misión perseguir a unos 100 cabecillas de las pandillas para neutralizar su actividad de conducción.
Según las autoridades, las pandillas establecidas en barrios populosos y comunidades están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos, y son las responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Más de 13.000 pandilleros están presos y sus cabecillas han sido enviados al penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, donde permanecen totalmente aislados y no se les permiten visitas.
Con órdenes judiciales, la policía salvadoreña capturó el viernes a siete miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, vinculados al asesinato de 11 personas, entre ellas nueve trabajadores de una empresa distribuidora de energía eléctrica, además de dos campesinos que presenciaron el crimen.
La Fiscalía General de la República giró órdenes de captura contra 14 pandilleros de la 18 Revolucionarios, nueve adultos y cinco menores de edad, a los que se les habría comprobado su participación en la matanza perpetrada el marzo en una zona rural del municipio de San Juan Opico, a 43 kilómetros al noroeste de la capital. Las víctimas fueron maniatadas antes de ejecutarlas.
El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que luego de una amplia investigación y con la colaboración de la ciudadanía, fueron capturados cinco adultos y dos menores de edad. Los pandilleros capturados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y pertenecer a organizaciones terroristas.
Cotto informó que otros seis pandilleros siguen prófugos y que otro más —identificado como José Alfredo Landaverde, a quien señalan como el cabecilla de este grupo de pandilleros_, falleció al enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
El jefe policial dijo que Landaverde 'era el cabecilla de la estructura criminal y él tomó la acción que se ejecutara a esas personas. Fue precisamente a ese sujeto al que le decomisaron un teléfono y en el cual se encontró el video donde se observa cómo los asesinaron con lujo de barbarie'.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de 2.500 dólares a las personas que ayuden a localizar al resto de pandilleros que siguen prófugos y que participaron en la matanza.
Luego de esta matanza, el gobierno salvadoreño decretó estado de emergencia en siete cárceles y trasladó hasta el penal de Quezalpeteque a los reconocidos cabecillas de estos grupos criminales. Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter a aislamientos severos a estos criminales.
También desplegaron un contingente de 1.000 soldados y policías de las fuerzas élite para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que han emigrado a las zonas rurales, donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales. Estas unidades especiales tienen también como misión perseguir a unos 100 cabecillas de las pandillas para neutralizar su actividad de conducción.
Según las autoridades, las pandillas establecidas en barrios populosos y comunidades están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos, y son las responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Más de 13.000 pandilleros están presos y sus cabecillas han sido enviados al penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, donde permanecen totalmente aislados y no se les permiten visitas.
