San Salvador, El Salvador
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador entregó el martes once osamentas a familiares de las víctimas de la masacre El Mozote perpetrada por los militares en 1981, una de las más grandes cometidas en América Latina y con un registro de más de 1.000 víctimas y cientos de personas desplazadas.
El magistrado de la Corte Suprema. Florentín Meléndez, dijo que el Estado cumplió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluía varias resoluciones y varias órdenes, 'una de ellas tiene que ver con el acto que estamos realizando y es el que consiste en el levantamiento de la información sobre los sitios donde están depositados restos humanos en varios cantones del norte de Morazán, en El Mozote y otros cantones'.
Dijo que también la sentencia ordenó iniciar las exhumaciones de los centenares de personas que están enterradas en distintos lugares y 'llevar adelante las exhumaciones con recursos científicos y técnicos adecuados, proceder a la identificación de los cadáveres y hacer entrega de los restos humanos a los familiares'.
'La Corte Interamericana dio dos años de plazo al Estado salvadoreño que se vencieron en octubre del año 2014 por lo tanto debo decir que si bien con mucho compromiso de cumplir con esta sentencia, lo estamos haciendo de manera tardía', agregó el magistrado.
Para Rosario Sánchez, que asegura 24 de sus familiares fueron asesinados por los militares en la matanza, 'este proceso ha ido despacio pero se está viendo el resultado que nosotros los familiares de los que murieron el 12 de diciembre de 1981 esperábamos'.
Visiblemente impactada, la mujer agregó: 'hoy estoy pidiendo justicia y que esto no se vuelva a dar nunca más'.
La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.
Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero mataron con lujo de barbarie a cuanto civil encontraron en el lugar.
Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla.
Un informe de la Comisión de la Verdad De Naciones Unidas divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandan te del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de una ley de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) horas antes de divulgarse el documento de la ONU.
Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.
Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la Verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador entregó el martes once osamentas a familiares de las víctimas de la masacre El Mozote perpetrada por los militares en 1981, una de las más grandes cometidas en América Latina y con un registro de más de 1.000 víctimas y cientos de personas desplazadas.
El magistrado de la Corte Suprema. Florentín Meléndez, dijo que el Estado cumplió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluía varias resoluciones y varias órdenes, 'una de ellas tiene que ver con el acto que estamos realizando y es el que consiste en el levantamiento de la información sobre los sitios donde están depositados restos humanos en varios cantones del norte de Morazán, en El Mozote y otros cantones'.
Dijo que también la sentencia ordenó iniciar las exhumaciones de los centenares de personas que están enterradas en distintos lugares y 'llevar adelante las exhumaciones con recursos científicos y técnicos adecuados, proceder a la identificación de los cadáveres y hacer entrega de los restos humanos a los familiares'.
'La Corte Interamericana dio dos años de plazo al Estado salvadoreño que se vencieron en octubre del año 2014 por lo tanto debo decir que si bien con mucho compromiso de cumplir con esta sentencia, lo estamos haciendo de manera tardía', agregó el magistrado.
Para Rosario Sánchez, que asegura 24 de sus familiares fueron asesinados por los militares en la matanza, 'este proceso ha ido despacio pero se está viendo el resultado que nosotros los familiares de los que murieron el 12 de diciembre de 1981 esperábamos'.
Visiblemente impactada, la mujer agregó: 'hoy estoy pidiendo justicia y que esto no se vuelva a dar nunca más'.
La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.
Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero mataron con lujo de barbarie a cuanto civil encontraron en el lugar.
Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla.
Un informe de la Comisión de la Verdad De Naciones Unidas divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandan te del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de una ley de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) horas antes de divulgarse el documento de la ONU.
Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.
Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la Verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.
