MANAGUA, NICARAGUA. -Los negociadores del gobierno de Nicaragua y de la opositora Alianza Cívica podrían aprobar este viernes el calendario de excarcelación de
640 presos que empezarían a ser liberados en los próximos días.
La abogada Azahálea Solís, una de las principales dirigentes de la Alianza Cívica y negociadora en el diálogo, dijo en una entrevista con The Associated Press que otras 162 personas excarceladas desde el 27 de febrero y que están bajo arresto domiciliario obtendrán su libertad definitiva.
“Esperamos tener listo hoy viernes el acuerdo para la liberación de los presos políticos, incluyendo el calendario de salida de cada uno de ellos, sin excepción”, afirmó la jurista. Agregó que hacen “esfuerzos” para que los primeros salgan libres este fin de semana o a partir del próximo lunes.
A su vez confirmó que 802 personas detenidas desde el 18 de abril de 2018 obtendrán su libertad total y la anulación de sus cargos y juicios.
La cifra ha sido actualizada por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA y la Nunciatura Apostólica son los testigos y acompañantes internacionales de la negociación que comenzó el 27 de febrero.
Esta semana, el presidente Daniel Ortega accedió a liberar a todos los “presos políticos” en un período de 90 días. Ante críticas de sectores de la oposición, Solís aclaró que se trata de “un plazo máximo y existe posibilidad de reducirlo”.
La abogada Azahálea Solís, una de las principales dirigentes de la Alianza Cívica y negociadora en el diálogo, dijo en una entrevista con The Associated Press que otras 162 personas excarceladas desde el 27 de febrero y que están bajo arresto domiciliario obtendrán su libertad definitiva.
“Esperamos tener listo hoy viernes el acuerdo para la liberación de los presos políticos, incluyendo el calendario de salida de cada uno de ellos, sin excepción”, afirmó la jurista. Agregó que hacen “esfuerzos” para que los primeros salgan libres este fin de semana o a partir del próximo lunes.
A su vez confirmó que 802 personas detenidas desde el 18 de abril de 2018 obtendrán su libertad total y la anulación de sus cargos y juicios.
La cifra ha sido actualizada por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA y la Nunciatura Apostólica son los testigos y acompañantes internacionales de la negociación que comenzó el 27 de febrero.
Esta semana, el presidente Daniel Ortega accedió a liberar a todos los “presos políticos” en un período de 90 días. Ante críticas de sectores de la oposición, Solís aclaró que se trata de “un plazo máximo y existe posibilidad de reducirlo”.
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Sin embargo, advirtió que el proceso “es lento y complejo” porque supone documentar con exactitud una lista larga, que incluye a reos no procesados, otros con juicios en curso y otros ya condenados.
Destacó que la Alianza Cívica ha exigido al gobierno “detener las capturas y secuestros” de opositores por parte de la policía, pues de lo contrario “la lista de presos seguirá aumentando”.
Solís dijo que la oposición demandó anular todos los juicios, “que todos salgan libres y limpios, sin antecedentes judiciales, porque todas las capturas fueron ilegales y se violó el debido proceso”.
Esto incluye también garantías para el regreso de unos 52,000 exiliados de los cuales al menos 168 tienen pendientes órdenes de captura “que también deben ser anuladas”, subrayó.
Indicó que los negociadores trabajan en un protocolo de seguridad para que los liberados no sean atacados o recapturados. Además recibirán certificados para que puedan obtener empleo, reintegrarse a la universidad y recibir atención en salud.
Dijo que si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja supervisará el proceso de liberación, la Alianza Cívica está pidiendo formar un comité mixto en el que participe además el gobierno, la oposición, la OEA y representantes de la CIDH.
Solís destacó que en un reciente documento firmado por el canciller Denis Moncada el gobierno admitió por primera vez que los detenidos son “prisioneros políticos”. Ortega había señalado que los presos eran “criminales y terroristas”.
Dijo que la Alianza Cívica exigirá discutir el desarme de los paramilitares que apoyaron a la policía en la represión de las protestas, cuya cifra ascendería a 2.000 personas, según expertos. También plantearán denuncias sobre supuestas cárceles clandestinas y personas desaparecidas de las que no existe una cifra estimada.
Sobre el tema electoral señaló que la oposición plantea adelantar los comicios presidenciales previstos para 2021, si bien la agenda aprobada en conjunto no lo especifica. “Nuestra demanda sigue en pie: elecciones libres, anticipadas y con observación”, subrayó.
Solís aseguró que Ortega “se vio obligado” a negociar con la Alianza Cívica debido a “la resistencia ciudadana, la condena internacional y el desastre económico” causado por la crisis política.
La crisis en Nicaragua estalló en abril con protestas contra una fallida reforma del seguro social que luego se convirtieron en un reclamo para que Ortega deje el poder. La violenta acción de la policía y los paramilitares contra los manifestantes civiles dejó 325 muertos y más de 2,000 heridos según la CIDH, aunque el gobierno cifra las víctimas en 198 y organizaciones de derechos humanos aseguran que los fallecidos superan los 500.
