MADRID, ESPAÑA.-Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se querelló este viernes contra el juez español que la investiga por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, luego de que ya lo hiciera el mandatario socialista.
La defensa de Gómez presentó la denuncia ante la justicia en Madrid contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación, alegando que el magistrado “ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas” contra ella en su investigación “inusual, errática y prospectiva”, según el documento al que tuvo acceso la AFP.
También lo acusa de delitos de revelación de actuaciones procesales porque mientras la causa se mantuvo como secreta, la justicia madrileña envió comunicados a la prensa sobre el caso y medios publicaron resoluciones y providencias del dossier.
“No podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan solo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático” del juez, señaló el documento.
Ya Sánchez se había querellado el martes contra Peinado, luego de que este último se desplazara al palacio de la Moncloa, la residencia presidencial, para tomarle declaración como testigo en la causa contra su esposa.
Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado, un juez de 69 años conocido por instruir otras causas polémicas en el pasado, abrió la investigación en abril ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que dijo haberse basado exclusivamente en artículos de prensa.
El juez ha seguido con su investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que pidió archivar la causa.
La Abogacía del Estado anunció el martes que interponía, en nombre del presidente del Gobierno, la querella por prevaricación contra Peinado, al considerar que atropelló “derechos” inherentes al cargo de jefe del Ejecutivo al no permitirle, como dispone la ley, declarar por escrito y no en persona, como tuvo que hacerlo.
Ante el juez, tanto Sánchez como Gómez se acogieron a su derecho a no testificar.
