E l Departamento de Justicia ha presentado tres demandas en lo que va del mes contra propietarios de tierras en el Valle Rio Grande, una franja de pueblos y granjas fronterizas en el punto más al sur de Texas. Se esperan muchas demandas más en las próximas semanas.
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La emblemática promesa de campaña de Trump ha enfrentado sistemáticamente obstáculos políticos, legales y ambientales en Texas, que tiene la sección más grande de la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor parte de ella sin vallas. Y gran parte de la tierra a lo largo del río Bravo, que forma la frontera entre Texas y México, es de propiedad privada y es ecológicamente delicada.
Casi ninguna de las tierras ha sido expropiada hasta ahora. El martes, los abogados del Departamento de Justicia se movilizaron para confiscar tierras en un caso inmediatamente antes de una audiencia judicial programada para febrero.
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La agencia dice que está lista para presentar muchas solicitudes más para apropiarse de tierras privadas en las próximas semanas. Aunque los avances han sido lentos, el proceso de confiscación de tierras tiene un gran peso en favor del gobierno.
Las autoridades estadounidenses apenas han construido unos 145 kilómetros (90 millas) de muro desde que Trump asumió el cargo, y casi todos ellos han sido para reemplazar cercas viejas. Alcanzar la meta tantas veces establecida de Trump de 800 kilómetros (500 millas) para fines de 2020 requerirá casi con certeza un mayor avance en Texas.
Los opositores a los planes de Trump han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas, una organización sin fines de lucro, y una capilla católica histórica.
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Ellos también han presentado varias demandas. Un juez federal impidió este mes que el gobierno construyera un tramo con el dinero redireccionado al muro bajo la declaración de emergencia nacional de Trump a principios del año que acaba. Además, dos jueces ordenaron recientemente a un grupo privado de recaudación de fondos a favor de Trump que dejara de construir su propio muro cerca del río Bravo.
Incluso en tierras que el gobierno posee, la construcción se ha retrasado. En otro refugio federal de vida silvestre, en un sitio conocido como La Parida Banco, los equipos de trabajo limpiaron la maleza esta primavera y el gobierno anunció en abril que la construcción comenzaría pronto. Ocho meses después, el sitio sigue desocupado.
De acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con el proyecto, los equipos de trabajo descubrieron que el terreno estaba muy saturado de agua. Los bolardos metálicos previstos, instalados sobre paneles de hormigón, habrían sido inestables debido a los niveles de agua en el suelo, dijo el funcionario, quien habló con la condición de mantener el anonimato porque no tenía autorización para compartir la información públicamente.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se negó a comentar sobre el tema de la saturación en La Parida Banco, diciendo que la construcción allí estaba 'actualmente en la fase de diseño'.
Ricky Garza es abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a seis propietarios en varias etapas del proceso de dominio eminente.
Algunos terratenientes apoyan un muro fronterizo y han acordado trabajar con el gobierno. Otros temen perder parte de su propiedad por una 'tierra de nadie' entre el muro o el río. Varios han prometido luchar tanto tiempo como puedan.
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Garza destacó que el Valle del Rio Grande es una de las regiones más pobres de Estados Unidos.
'Es un uso severo del poder del gobierno contra gente que tiene muy poco', dijo Garza. 'Nuestros líderes dicen que no hay mucho dinero para repartir, pero luego se ven números en los miles de millones asignados para algo que casi nadie en la comunidad quiere'.
