En un memorando emitido el viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) solicitó a los proveedores de servicios “aumentar temporalmente su capacidad a la máxima autorizada... mientras continúan aplicando y observando las estrictas medidas de mitigación de covid-19”. Se desconoce de momento cuántas camas estarán disponibles además de las 7,000 existentes el mes pasado. La capacidad máxima autorizada por el HHS rebasaba las 13,000 camas a finales del año pasado.
Algunas instalaciones redujeron a la mitad su capacidad durante la pandemia. Mientras tanto, cientos de menores que aguardan ser colocados en el sistema del HHS continúan detenidos por la Patrulla Fronteriza en tiendas de campaña o celdas grandes y frías carentes de lo necesario para albergarlos. Imágenes y reportes relacionados con celdas hacinadas de la Patrulla Fronteriza suscitaron indignación en 2018 y 2019, e incluían relatos de familias y menores que quedaban a su suerte sin suministro adecuado de agua o alimentos.
Poner fin al cupo impuesto por la pandemia podría incrementar el peligro de propagación del coronavirus en las instalaciones del HHS, en especial a medida que más menores ingresan en el sistema. Sin embargo, las organizaciones administradoras de instalaciones del HHS y algunos activistas proponen que haya más camas disponibles si se hace de manera segura, en lugar de la alternativa de mantener a los menores en instalaciones de la Patrulla Fronteriza por más tiempo o colocarlos en costosos centros de emergencia carentes de permisos.
“Dada la naturaleza de la pandemia de covid-19, no existe un escenario con 0% de riesgo, en particular en ambientes de congregación”, señala el memorando, del que CNN fue el primero en informar. “Por consiguiente, las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados deben tener planes listos y esperar casos de covid-19”.
LEA: Nuevos documentos revelan magnitud del caos en el Capitolio de Estados Unidos
El HHS ha autorizado antes a los operadores de las instalaciones que cobren al gobierno gastos de viaje cuando un menor es entregado a un pariente u otro patrocinador. Algunas familias no pueden pagar fácilmente cientos de dólares para trasladar en avión a un menor y un tutor, y en ocasiones la disputa en torno a ese pago puede retrasar la liberación del menor por varios días.
Actualmente, los agentes detienen a unos 400 menores no acompañados por un padre o tutor cada día, un fuerte incremento respecto al mes pasado. Hay preocupación de que esas cifras continúen subiendo.
Biden puso fin a la práctica del gobierno del expresidente Donald Trump de expulsar a los niños que viajen solos con base en una declaratoria de salud pública decretada durante la pandemia, aunque su gobierno continúa deportando a familias y a adultos inmigrantes. Algunos exfuncionarios de Trump han acusado a Biden de alentar a los inmigrantes a que intenten ingresar ilegalmente en Estados Unidos, aunque los números registrados con Biden no alcanzan las cifras más altas del gobierno de Trump.
La práctica de deportar a menores fue sumamente criticada y a menudo se les regresaba a situaciones peligrosas sin haberles concedido la oportunidad de solicitar asilo o hablar con un abogado. The Associated Press ha informado que la declaratoria de salud pública fue emitida a instancias del exvicepresidente Mike Pence.
Trump emitió el viernes una declaración en la que afirma que “la frontera se encuentra ahora totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo de Joe Biden”.
“No recibimos asesoría o consejo legal del expresidente Trump sobre política de inmigración, la cual no sólo fue inhumana, sino ineficaz durante los últimos cuatro años”, respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Vamos a trazar nuestra propia ruta, y eso incluye tratar a los niños con humanidad y respeto, y garantizar que estén a salvo cuando crucen nuestras fronteras”.
En los últimos días, Biden también ha sido criticado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y por otros republicanos por la liberación de familias inmigrantes en el sur del estado. Las autoridades fronterizas suspendieron la expulsión de familias con hijos chicos de algunas ciudades texanas debido a un cambio de política en el estado mexicano de Tamaulipas. En varias ciudades, los gobiernos locales y grupos de activistas efectúan pruebas para detectar covid-19 entre las familias que son liberadas y envían a quienes estén infectados a albergues o habitaciones de hotel preparadas específicamente para ellos.
