WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos abrió este viernes una nueva página de su historia migratoria aplicando mano dura a los migrantes que llegan eludiendo las “vías legales” y haciendo frente a un revés judicial que complica sus planes.
Hasta el jueves a medianoche las autoridades compaginaban una norma sanitaria que les permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera, el Título 42, con una regla migratoria conocida como Título 8, que además de expulsar a aquellos que entren sin visa o sin autorización les prohíbe entrar de nuevo durante cinco años y les expone a procesamientos judiciales.
A partir de ahora se usa exclusivamente el Título 8 pero además ha entrado en vigor una norma que endurece el acceso al asilo, obligando a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación móvil (CBP One) o a acogerse a programas de reunificación familiar o a permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.
En cualquiera de estos casos deben tramitarlo antes de llegar a los puertos de entrada. Las excepciones son contadas, como por ejemplo si el asilo les fue denegado en un país por el que transitaron de camino a Estados Unidos, si no han podido usar CBP One, en circunstancias excepcionales o en el supuesto de niños no acompañados.
El calendario de política interior ha tenido mucho que ver para el endurecimiento de las condiciones de asilo. Y es que el presidente demócrata Joe Biden se encamina a las presidenciales de 2024 con la migración como uno de sus puntos débiles, que los republicanos tienen la intención de aprovechar.
Si los migrantes “no tienen una base para quedarse, los expulsaremos muy rápidamente (...) Hemos sido muy, muy claros en cuanto a que existen vías legales, seguras y ordenadas para buscar ayuda en Estados Unidos y si alguien llega a nuestra frontera sur, enfrentará consecuencias más duras”, declaró el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas a la televisión CNN.
Mayorkas reconoce que la situación es “desafiante” pero es optimista y cree que su “plan” tendrá éxito.
Por de pronto ha recibido un varapalo judicial.
Un juez de Florida le ha impedido dejar en libertad provisional en territorio estadounidense a algunos migrantes a la espera de que se diriman sus casos migratorios, como planeaba hacer el gobierno ante la limitada capacidad de los centros de detención.
El magistrado discrepa porque considera que equivale a liberarlos de forma descontrolada, sin quedar sujetos a “procedimientos de deportación y con poca o ninguna investigación y sin monitoreo”.
Por el momento las advertencias que Estados Unidos viene haciendo en las últimas semanas parecen surtir efecto.
Horas antes de que expirara la norma sanitaria el gobierno mexicano registró una baja en el flujo de personas que intentaban llegar a Estados Unidos.
“El flujo va bajando al día de hoy. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa.
Agustión Sortomi, un hondureño, intentó entregarse a las autoridades fronterizas con su esposa y sus dos hijos.
“Ya me entregué dos veces y no me reciben. No sé qué hacer y es lejos aún”, contó el jueves a una periodista de la AFP. Al final optó por retroceder para ver el viernes “qué solución tienen las nuevas reglas”.
En los últimos días los agentes estadounidenses han interceptado a unos 10.000 migrantes por día, según medios de comunicación estadounidenses que citan fuentes oficiales.
En la madrugada del viernes, algunos migrantes probaban suerte, aunque no muy convencidos.
En el cruce fronterizo de Tijuana, en México, una mujer guatemalteca que dice llamarse Paola llegó justo cuando expiraba el Título 42.
Se acercó con su hija en brazos al cruce, pero un agente le explicó en español que no podía pasar y le recomendó que descargara la aplicación CBP One para tramitar la solicitud de asilo.
“Voy a intentar, dije, a ver qué pasa”, comentó la joven. Lo intentó en el pasado varias veces. En vano.
