MANAGUA, NICARAGUA.- La expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, aquejada por problemas de salud y quien el miércoles cumple 94 años, fue trasladada el martes de Managua a Costa Rica, donde viven exiliados dos de sus cuatro hijos, opositores al gobierno de Daniel Ortega, anunció la familia.
“A partir de ahora, doña Violeta se establecerá en San José, bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados”, aseguraron los familiares en un comunicado, sin dar mayores detalles.
Barrios de Chamorro, primera mujer que gobernó Nicaragua (1990-1997) tras derrotar en las urnas a Ortega, entonces presidente candidato a la reelección, ha estado alejada de la vida pública por complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer y una embolia cerebral que sufrió en 2018.
“Agradecemos profundamente a los médicos, personal de salud, y trabajadoras de servicio, que cuidaron por su bienestar en Nicaragua en todos estos años, y a todas las personas que siempre la acompañan con sus oraciones y se mantienen pendientes de su estado de salud, que continúa siendo delicado, pero estable”, subrayó la nota.
Tras el accidente cerebrovascular, Barrios de Chamorro permaneció en su residencia en Las Palmas, en Managua, donde vive Claudia Chamorro, una de los cuatro hijos que tuvo con el periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien era director y dueño del diario La Prensa cuando fue asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza, en 1978.
Dos de sus hijos, el exministro Pedro Joaquín y la periodista Cristiana Chamorro Barrios, quien pretendía enfrentar a Ortega en las elecciones de 2021, fueron apresados ese año y luego excarcelados y expatriados en febrero pasado.
Otro de sus hijos, el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial, se exilió en Costa Rica en 2021. Cristiana también vive en ese país y Pedro Joaquín en Estados Unidos.
Ortega volvió al poder el 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Fuertes protestas en 2018 contra el gobierno de Ortega, que se extendieron por al menos tres meses con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y oficialistas, dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras que organismos internacionales acusaron al gobierno de reprimir a la oposición.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua por sus medidas contra los opositores, como la expatriación, el despojo de la nacionalidad, la proscripción de más de 3.000 oenegés, entre otras.