BOGOTÁ, COLOMBIA.-El expresidente colombiano Juan Manuel Santos refutó el miércoles las acusaciones de que su campaña de reelección presidencial de 2014 recibió fondos de la empresa brasileña
Odebrecht.
Santos testificó en privado ante el Consejo Nacional Electoral. Después de casi dos horas, salió para decir que no había “ni una sola prueba” de que hubiera alguna conducta antiética durante la campaña presidencial.
“Yo llevo tres años, tres años en silencio”, dijo el exmandatario. “Tres años en que han dicho todo tipo de mentiras... He guardado silencio para no politizar la justicia”.
La autoridad electoral de Colombia realiza una investigación preliminar, pero no ha presentado cargos contra Santos, quien es ampliamente conocido por firmar un acuerdo de paz en 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y poner fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica.
Decenas de políticos en diversos países de Latinoamérica han sido objeto de investigaciones, forzados a renunciar o han visto afectada su imagen luego de que se dio a conocer el escándalo de corrupción de Odebrecht. La compañía admitió en un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.
Las acusaciones contra Santos surgen de testimonios proporcionados por Andrés Sanmiguel, que afirma que su compañía de logística fue utilizada para canalizar casi 1,2 millones de dólares de Odebrecht para la segunda vuelta de la campaña de reelección del expresidente.
Sanmiguel hizo las acusaciones en un testimonio ante la fiscalía de Colombia que posteriormente se filtró a una estación de radio local.
El miércoles, Santos negó conocer o haber tenido relación alguna con Sanmiguel y otras personas identificadas como partícipes de la supuesta trama. Caracterizó a las acusaciones como parte de una cacería de brujas política más amplia dirigida a manchar su legado.
“No existe ni una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre”, aseveró.
El escándalo de corrupción de Odebrecht ha terminado con las carreras de algunos de los líderes políticos más importantes de Latinoamérica, destapando una corrupción endémica que ha enfurecido a los ciudadanos y provocado protestas en varios países en el último año.
En Perú, casi cada expresidente que sigue vivo está bajo investigación en relación con la pesquisa de Odebrecht. Por otro lado, los políticos más poderosos de Colombia han permanecido prácticamente indemnes, en lo que algunos analistas sostienen es una señal de que las instituciones encargadas de hacer rendir cuentas a los líderes siguen estando politizadas.
“No deja tranquilo a los ciudadanos”, dijo Patricia Muñoz Yi, profesora en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Santos gobernó Colombia de 2010 a 2018, periodo en el que su administración encabezó las negociaciones y firmó un histórico acuerdo con las FARC.
El conflicto entre los rebeldes de izquierda, paramilitares y el Estado resultó en por lo menos 250.000 muertes, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.
Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus labores para poner fin al conflicto colombiano, aunque el acuerdo sigue siendo polémico y ha tenido una implementación complicada. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles de Colombia para protestar contra el actual mandatario Iván Duque, alegando que no ha hecho lo suficiente para cumplir con los compromisos del pacto.
Muñoz Yi señaló que, pese a que Santos no enfrenta cargos formales, las meras acusaciones y audios filtrados afectan su legado.
“Desafortunadamente, la política hoy en buena parte se mueve en ese terreno, en el terreno de las percepciones”.
Santos testificó en privado ante el Consejo Nacional Electoral. Después de casi dos horas, salió para decir que no había “ni una sola prueba” de que hubiera alguna conducta antiética durante la campaña presidencial.
“Yo llevo tres años, tres años en silencio”, dijo el exmandatario. “Tres años en que han dicho todo tipo de mentiras... He guardado silencio para no politizar la justicia”.
La autoridad electoral de Colombia realiza una investigación preliminar, pero no ha presentado cargos contra Santos, quien es ampliamente conocido por firmar un acuerdo de paz en 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y poner fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica.
Decenas de políticos en diversos países de Latinoamérica han sido objeto de investigaciones, forzados a renunciar o han visto afectada su imagen luego de que se dio a conocer el escándalo de corrupción de Odebrecht. La compañía admitió en un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos a cambio de lucrativos contratos de obras públicas.
Las acusaciones contra Santos surgen de testimonios proporcionados por Andrés Sanmiguel, que afirma que su compañía de logística fue utilizada para canalizar casi 1,2 millones de dólares de Odebrecht para la segunda vuelta de la campaña de reelección del expresidente.
Sanmiguel hizo las acusaciones en un testimonio ante la fiscalía de Colombia que posteriormente se filtró a una estación de radio local.
El miércoles, Santos negó conocer o haber tenido relación alguna con Sanmiguel y otras personas identificadas como partícipes de la supuesta trama. Caracterizó a las acusaciones como parte de una cacería de brujas política más amplia dirigida a manchar su legado.
“No existe ni una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre”, aseveró.
El escándalo de corrupción de Odebrecht ha terminado con las carreras de algunos de los líderes políticos más importantes de Latinoamérica, destapando una corrupción endémica que ha enfurecido a los ciudadanos y provocado protestas en varios países en el último año.
En Perú, casi cada expresidente que sigue vivo está bajo investigación en relación con la pesquisa de Odebrecht. Por otro lado, los políticos más poderosos de Colombia han permanecido prácticamente indemnes, en lo que algunos analistas sostienen es una señal de que las instituciones encargadas de hacer rendir cuentas a los líderes siguen estando politizadas.
“No deja tranquilo a los ciudadanos”, dijo Patricia Muñoz Yi, profesora en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Santos gobernó Colombia de 2010 a 2018, periodo en el que su administración encabezó las negociaciones y firmó un histórico acuerdo con las FARC.
El conflicto entre los rebeldes de izquierda, paramilitares y el Estado resultó en por lo menos 250.000 muertes, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.
Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus labores para poner fin al conflicto colombiano, aunque el acuerdo sigue siendo polémico y ha tenido una implementación complicada. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles de Colombia para protestar contra el actual mandatario Iván Duque, alegando que no ha hecho lo suficiente para cumplir con los compromisos del pacto.
Muñoz Yi señaló que, pese a que Santos no enfrenta cargos formales, las meras acusaciones y audios filtrados afectan su legado.
“Desafortunadamente, la política hoy en buena parte se mueve en ese terreno, en el terreno de las percepciones”.
