LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Las cortes de inmigración en todo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias del reciente fallo de la
Corte Suprema que ha llevado a la postergación o incluso anulación de numerosas órdenes de deportación, lo que ha ocasionado más caos al sistema que ya estaba afectado por enormes acumulaciones y atrasos.
El poco conocido fallo se concentra en lo que podría parecer un simple tema de procesamiento sobre cómo proporcionar avisos de forma adecuada a los inmigrantes para que comparezcan en la corte para su caso de deportación. Pero ha tenido implicaciones más extensas en las cortes a cargo de decidir si cientos de miles de personas deben recibir permiso para quedarse en Estados Unidos.
Desde que la decisión se tomó en junio, los abogados han solicitado a los jueces que descarten los casos de sus clientes. Algunos jueces de inmigración se han negado a emitir órdenes de deportación para los inmigrantes. En un caso reciente en el estado de Washington, un jornalero agrícola mexicano logró que descartaran una imputación por haber regresado al país sin autorización.
No está claro cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos jueces de inmigración han negado peticiones de abogados de rechazar casos de deportación, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California, las han otorgado.
“Las posibles consecuencias del fallo son masivas”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración en Greensboro, Carolina del Norte.
La decisión de la Corte Suprema, con ocho votos a favor y uno en contra, se basa en el caso de un mozo brasileño que buscaba una tarjeta de residente especial para inmigrantes que han estado en el país al menos 10 años, tienen buen carácter moral y cuyos parientes estadounidenses sufrirían en caso de ser deportados.
Wescley Pereira llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2000 y se estableció en Martha’s Vineyard, Massachusetts, donde tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. En 2006, Pereira fue arrestado por operar un vehículo en estado de ebriedad y se le pidió que compareciera ante la corte de inmigración, pero no incluía detalles de su audiencia. Más de un año después, se le envió un paquete con esa información pero no lo recibió y un juez de inmigración ordenó deportarlo cuando no se presentó a la audiencia.
Pereira fue detenido en 2013 por manejar sin luces delanteras y, con la orden de deportación pendiente, las autoridades inmigratorias lo detuvieron.
Para entonces, había vivido en el país el tiempo suficiente para solicitar la residencia, pero el gobierno dijo que Pereira sólo podía contar el tiempo previo a la notificación.
La Corte Suprema no estuvo de acuerdo bajo el argumento de que si el aviso no incluye el tiempo y lugar de la audiencia, por ley no es aviso. Sin incluir lugar y hora, “el gobierno no puede esperar lógicamente que los no ciudadanos comparezcan para su procesamiento de deportación”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en el fallo.
Desde que se tomó la decisión, los abogados de inmigración han argumentado que no son válidos los avisos sin fecha para sus clientes recibidos en años recientes. En algunos casos, piden que los casos de deportación sean anulados por completo y, en otros, que una orden de deportación sea eliminada del registro del inmigrante para que tengan otra oportunidad de argumentar porqué deberían recibir permiso para quedarse en el país.
El poco conocido fallo se concentra en lo que podría parecer un simple tema de procesamiento sobre cómo proporcionar avisos de forma adecuada a los inmigrantes para que comparezcan en la corte para su caso de deportación. Pero ha tenido implicaciones más extensas en las cortes a cargo de decidir si cientos de miles de personas deben recibir permiso para quedarse en Estados Unidos.
Desde que la decisión se tomó en junio, los abogados han solicitado a los jueces que descarten los casos de sus clientes. Algunos jueces de inmigración se han negado a emitir órdenes de deportación para los inmigrantes. En un caso reciente en el estado de Washington, un jornalero agrícola mexicano logró que descartaran una imputación por haber regresado al país sin autorización.
No está claro cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos jueces de inmigración han negado peticiones de abogados de rechazar casos de deportación, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California, las han otorgado.
“Las posibles consecuencias del fallo son masivas”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración en Greensboro, Carolina del Norte.
La decisión de la Corte Suprema, con ocho votos a favor y uno en contra, se basa en el caso de un mozo brasileño que buscaba una tarjeta de residente especial para inmigrantes que han estado en el país al menos 10 años, tienen buen carácter moral y cuyos parientes estadounidenses sufrirían en caso de ser deportados.
Wescley Pereira llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2000 y se estableció en Martha’s Vineyard, Massachusetts, donde tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. En 2006, Pereira fue arrestado por operar un vehículo en estado de ebriedad y se le pidió que compareciera ante la corte de inmigración, pero no incluía detalles de su audiencia. Más de un año después, se le envió un paquete con esa información pero no lo recibió y un juez de inmigración ordenó deportarlo cuando no se presentó a la audiencia.
Pereira fue detenido en 2013 por manejar sin luces delanteras y, con la orden de deportación pendiente, las autoridades inmigratorias lo detuvieron.
Para entonces, había vivido en el país el tiempo suficiente para solicitar la residencia, pero el gobierno dijo que Pereira sólo podía contar el tiempo previo a la notificación.
La Corte Suprema no estuvo de acuerdo bajo el argumento de que si el aviso no incluye el tiempo y lugar de la audiencia, por ley no es aviso. Sin incluir lugar y hora, “el gobierno no puede esperar lógicamente que los no ciudadanos comparezcan para su procesamiento de deportación”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en el fallo.
Desde que se tomó la decisión, los abogados de inmigración han argumentado que no son válidos los avisos sin fecha para sus clientes recibidos en años recientes. En algunos casos, piden que los casos de deportación sean anulados por completo y, en otros, que una orden de deportación sea eliminada del registro del inmigrante para que tengan otra oportunidad de argumentar porqué deberían recibir permiso para quedarse en el país.
