SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El
Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, pidió el martes a la Corte Suprema de Justicia que anule un falló de la Sala de lo Penal que ordenó el cierre definitivo del caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras.
El asesinato fue perpetrado por un comando del ejército salvadoreño durante la sangrienta guerra civil hace más de tres décadas.
El asesinato fue perpetrado por un comando del ejército salvadoreño durante la sangrienta guerra civil hace más de tres décadas.
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El 8 de septiembre de 2020, dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, establecieron que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo.
Después de conocer la resolución de la Sala de lo Penal, en diciembre de 2020, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval por negarse a reabrir el caso, pero no se le había dado trámite al requerimiento.
Delgado dijo que había decidido presentar un amparo contra la resolución de la Sala de lo Penal, y que se ordene reabrir el juicio para investigar y enjuiciar a los autores intelectual del asesinato. “Hoy retomamos el camino de la verdadera justicia, removiendo los obstáculos judiciales que impidieron durante 32 años, que las victimas conocieran la verdad”, dijo Delgado al presentar el recurso legal ante la Corte Suprema.
Explicó que los dos magistrados decidieron cerrar el caso alegando que aplicaba la prescripción, no obstante, afirmó, existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la prescripción, las amnistías amplias “están básicamente prescritas” en materia de derechos humanos” y para investigar delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier tipo de violaciones cometidos por agente del Estado.
“Los salvadoreños tenemos que buscar la justicia transicional, aplicar todos los principios que conlleva a fin de que logremos superar los impedimentos que han hecho que las víctimas no encuentren la solución a sus conflictos”, manifestó.
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Por su parte el presidente Nayib Bukele se pronunció en su cuenta oficial la de Twitter: “La UCA pidió esto durante 3 décadas...3 décadas... Con vigilias, pronunciamientos, en conferencias, en la prensa, en libros, comunicados, entrevistas, demandas y un largo etcétera. Imagino que estarán muy felices de que, al fin, su petición de justicia se hará realidad”.
“Lo que no se hizo en 32 años, se hace ahora. Justicia”, agregó el mandatario, que no tiene una buena relación con los jesuitas de la UCA, que han lanzado duras críticas en su contra.
Desde noviembre de 2017, después que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.
En marzo de 2019, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador le ordenó al Juzgado Tercero de Paz la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados defensores presentaron todos los recursos posibles para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema.
Los jesuitas que habían dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994. Esperan que en el juicio se pueda determinar si el comandante general de la fuerza armada de ese momento, el expresidente Cristiani, “supo o no que iban a asesinar a los jesuitas y cuál fue su actuación”.
Cristiani ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, donde se perpetró la masacre, dijo que la sentencia en España contra el excoronel Inocente Montano, condenado a 133 años de prisión, muestra que las órdenes provenían de las altas esferas militares y de poder.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlácatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizando a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.
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Los jesuitas han pedido oficialmente que se conmute la pena al coronel Benavides, de 79 años, el único militar preso por su participación en la matanza. Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, rechazaron la petición de indulto para Benavides y dijeron que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no deben ser perdonados.
