Noem se sumó a una lista cada vez más larga de gobernadores republicanos que prometen enviar agentes a Texas, en un momento en que el Partido Republicano intensifica una disputa política con el presidente Joe Biden sobre la seguridad fronteriza. El tema ha atraído a una gran cantidad de figuras prominentes del partido: se prevé que el expresidente Donald Trump viaje a la frontera esta semana, y los gobernadores republicanos de Florida, Nebraska e Iowa se han comprometido a enviar agentes para labores de seguridad fronteriza.
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El vocero de Noem, Ian Fury, indicó que la gobernadora decidió financiar el despliegue con una donación privada “para ayudar a mitigar el costo a los contribuyentes de Dakota del Sur”, pero se negó a dar un estimado del costo del despliegue por “motivos de seguridad”.
La donación la hizo la Fundación Willis y Reba Johnson directamente al estado, señaló Fury. Willis Johnson, un multimillonario residente de Tennessee, es el fundador de una subastadora en línea de autos usados llamada Copart. Suele hacer grandes contribuciones a los republicanos, incluidos 200.000 dólares al Comité de la Victoria de Trump el año pasado.
Noem, quien es considerada como una posible contendiente a la presidencia, hizo una distinción entre su decisión de enviar a la Guardia Nacional y la de otros gobernadores que envían a policías.
“La frontera es una crisis de seguridad nacional que requiere el tipo de respuesta sostenida que sólo la Guardia Nacional puede proporcionar”, dijo en un comunicado. “No deberíamos hacer que nuestras comunidades sean menos seguras al enviar a nuestra policía o Patrulla de Caminos a arreglar un problema de largo plazo que el gobierno del presidente Biden parece incapaz o indispuesto a solucionar”.
Pero el senador estatal demócrata Reynold Nesiba dijo que el hecho de que Noem use a un donante para pagar el despliegue demostraba que no era una “prioridad real” para el estado, sino que más bien le daba “cobertura política”. Agregó que investigaba si era legal usar una donación privada para financiar el despliegue.
“Esto podría sentar un precedente peligroso para permitir que donantes políticos anónimos llamen a la gobernadora y envíen a la Guardia a dónde quieran”, comentó.
El gobierno federal suele pagar los despliegues de la Guardia Nacional a otros estados. Cuando los elementos responden a una emergencia dentro del estado, son pagados con fondos estatales, según Duke Doering, un historiador en el Museo de la Guardia Nacional de Dakota del Sur. Agregó que nunca había escuchado que un donante privado financiara un despliegue.
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“Esto me impacta, cuando hablas de un donante privado enviando a la Guardia, ni siquiera tiene sentido para mí”, comentó Doering.
Se prevé que el despliegue de la Guardia Nacional de Dakota del Sur dure entre 30 y 60 días, dijo Noem, mientras que otros estados involucrados están enviando agentes por periodos de aproximadamente dos semanas.
Este mes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció planes para construir más barreras a lo largo de la frontera, lo que ha sido tachado de teatro político, pero él ha defendido el plan diciendo que el número de cruces fronterizos sigue siendo elevado. El gobernador dijo que usará 250 millones de dólares de fondos estatales y financiamiento colectivo para las barreras, aunque no está claro cuándo se construirán ni cuánto costarán. También se enfrenta a posibles desafíos legales por parte del gobierno federal.
Mientras tanto, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, autorizó un despliegue de 90 días de hasta 40 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Su oficina dijo que no será pagado por un donante privado.
Grandes cantidades de migrantes se han presentado en la frontera de Estados Unidos con México, muchos de los cuales se han entregado a agentes de la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo. Sin embargo, el número de familias y menores no acompañados que cruzan a Estados Unidos ha disminuido drásticamente desde marzo y abril, mientras que los encuentros con adultos siguen siendo elevados.
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