La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron el jueves al expresidente y actual alcalde capitalino Álvaro Arzú de formar parte de una presunta estructura criminal que realizó financiamiento electoral ilícito.
La fiscal general Thelma Aldana explicó en conferencia de prensa que esta red tuvo como núcleo la Cooperativa Torre Fuerte, fundada en prisión por el reo y exmilitar Byron Lima, quien fue seguridad de Arzú cuando éste fue presidente y fue condenado por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.
Lima fue asesinado en prisión el año pasado.
Aldana dijo que la investigación se abrió con base en las declaraciones de Alejandra Reyes, viuda de Lima, quién se ha convertido en testigo protegido y a quién resguardan y han sacado del país por seguridad. Reyes detalló cómo la Cooperativa alteraba facturas a nombre de la municipalidad capitalina para justificar gastos del partido Unionista, por el que llegó Arzú a la comuna, financiando ilícitamente al grupo, y dijo que Arzú y Lima mantenía correspondencia en la que el reo exigía a Arzú dinero para gastos.
La fiscal agregó que esta tarde se solicitaría el retiro de la inmunidad del alcalde por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.
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Por su parte, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, dijo que Arzú también dio plazas fantasmas a familiares de Lima y otros reos en la municipalidad.
Arzú llegó hasta la fiscalía para interrumpir la conferencia de prensa pero no tuvo éxito. A su salida dijo a periodistas que sí les había dado trabajo a los familiares de reos para ayudarlos y que no eran plazas fantasmas. También aseguró que la investigación en su contra es una venganza política porque él habría “evitado darle un golpe de Estado al presidente Jimmy Morales”, en referencia la petición que recientemente hicieron la fiscalía y la CICIG para retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por financiamiento electoral ilícito.
Posteriormente, el alcalde concentró a empleados municipales y vendedores de mercados frente a la comuna para que le mostraran su respaldo y dijo que “esta es nuestra Guatemala, no una Guatemala manejada por extranjeros” en alusión a Velásquez, de origen colombiano.
El testimonio de Reyes también incluyó grabaciones en las que detalla que Lima presuntamente entregó bienes a los abogados Moises Galindo y Marcos Antonio Rossell, ambos detenidos, para que los registraran a su nombre. Los bienes eran en pago de otros reos por traslados de prisiones, precisó Aldana.
Se trata del primer caso que la CICIG hace público luego de que el presidente Morales intentase expulsar del país a Velásquez después de que éste solicitara junto a la fiscalía general retirar la inmunidad al gobernante para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.
La CICIG y la fiscalía lograron que en 2015 el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien gobernó entre 2012 y 2015, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti renunciaran al cargo por acusaciones de corrupción según las cuales dirigieron una estructura en la que empresarios, funcionarios públicos y particulares se coludieron para defraudar al Estado.
Pérez Molina y Baldetti están detenidos desde hace dos años en espera que la justicia determine si van a juicio o no. Efraín Ríos Montt (1982-1983) enfrenta en domicilio acusaciones por genocidio.
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