SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Human Rights Watch denunció abusos generalizados de derechos humanos por parte de las autoridades policiales durante el estado de excepción en El Salvador.
A través de un informe titulado “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, expusieron detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes y procesos penales abusivos.
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La directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, acusó a las fuerzas de seguridad salvadoreñas de cometer “violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”.
“Para poner fin a la violencia de pandillas y a las violaciones de derechos humanos, el gobierno de El Salvador debería reemplazar el régimen de excepción con una política de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos humanos que garantice a los salvadoreños la seguridad que tanto merecen”, agregó Goebertus.
Desde que se adoptó el régimen de excepción el El Salvador, en marzo de este 2022, policías y militares realizan cientos de operativos en barrios de más incidencia criminal.
Según detalla este informe, al menos 58,000 personas, incluidos más de 1,600 niños y niñas, han sido detenidos durante las operaciones policiales.
En ese sentido, Human Right Watch señaló que estos operativos se realizan específicamente en comunidades de bajos recursos que han sufrido por la inseguridad y falta de oportunidades económicas y educativas durante años en el país centroamericano.
Entre marzo y noviembre, más de 1,100 personas de los 14 departamentos de El Salvador, incluso durante una visita realizada por Human Rights Watch al país en octubre.
Entre las personas entrevistadas, afirmaron ser víctimas de abusos, asimismo examinaron documentos judiciales, documentos médicos y certificados de defunción, y consultaron a forenses internacionales para determinar los abusos generalizados durante el estado de excepción.
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La detención de cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas, han originado que el estado de excepción sea calificado como “indiscriminado”.
“En muchos casos, las detenciones parecen haber estado basadas en la apariencia y el lugar de residencia de los detenidos, o en evidencias cuestionables”, enfatizó Human Rights Watch.
Los policías y militares no han informado sobre órdenes de allanamiento o captura y han declarado poca información sobre los detenidos o sus familiares sobre los motivos de las masivas capturas, lo que genera sospechas y incertidumbre en la población salvadoreña.
Asimismo, denunciaron que los jueces y fiscales violaron garantías de debido proceso establecidas conforme al derecho internacional, lo cual viola los derechos humanos de las personas detenidas y dificulta, o incluso imposibilita, que las personas sin conexión delictiva, puedan ejercer una defensa adecuada en los procesos penales en su contra.
Según detallaron, las audiencias se realizaron en grupos de hasta 500 detenidos, y más de 51,000 personas fueron enviadas a detención provisional aplicando leyes aprobadas recientemente que violan las normas internacionales de derechos humanos.
La población carcelaria aumentó de 39,000 personas en marzo de 2022 a cerca de 95,000 detenidos para noviembre, más de tres veces la capacidad oficial, según informó Human Rights Watch.
Pocas personas que fueron puestas en libertad describieron condiciones inhumanas y, en algunos casos, torturas y otros maltratos, lo que duró su detención.
Noventa personas murieron bajo custodia, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada, según detalló el informe.
“El gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa deberían dar pasos sostenibles y que aseguren el respeto de los derechos para desmantelar a las pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, consideró Human Rights Watch.
Para ello, se debe abordar las causas estructurales de la violencia de pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a líderes de las pandillas e investigar delitos violentos, sin afectar a personas sin relación a estructuras criminales.
Human Right Watch, recomendó que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea deben trabajar junto con otros gobiernos, en especial los de América Latina, para aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador.
“La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador y contribuir a que los salvadoreños estén seguros frente a los crímenes aberrantes que cometen las pandillas, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y otras formas de abuso de poder”, concluyó Juanita Goebertus.
