La presidenta brasileña Dilma Rousseff posiblemente enfrentará un juicio político en el Congreso. La posibilidad del juicio político ocurre cuando la opinión pública está furiosa en medio de la recesión económica más profunda de las últimas décadas y un escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, pero el proceso no tiene relación con eso.
¿De qué se acusa Rousseff?
Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos de los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Los partidos opositores dicen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Rousseff niega haber cometido delito alguno y que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Además sostiene que no se la acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.
¿Cuál es el primer paso de un juicio político?
Una comisión especial de la Cámara de Diputados de 65 miembros decidirá si el pedido de juicio político tiene mérito legal. Con el trasfondo de los escándalos de corrupción, observadores consultados señalan que 37 miembros del panel enfrentan cargos por una amplia gama de presuntos delitos. Se prevé que la comisión especial, que incluye a muchos opositores, resolverá plantear el juicio político ante la cámara en pleno hacia mediados de abril.
¿Cuál es el paso siguiente?
Que la Cámara de Diputados empiece el debate sobre el juicio. Si al menos 342, dos tercios, de los 513 legisladores votan a favor del juicio político, el caso pasa al Senado. Si una mayoría simple vota a favor del juicio, Rousseff quedará suspendida y el vicepresidente Michel Temer será presidente interino. Si entonces 54 de los 81 senadores votan por impugnar a Rousseff, ésta será destituida y Temer cumplirá el resto de su período, que finaliza el 31 de diciembre de 2018.
¿Cómo caracterizan la situación los partidarios del gobierno y los opositores?
Los partidarios dicen que es un golpe de estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno. Dicen que la clase dominante tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores, o PT, que lleva más de 10 años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperar el gobierno. Los opositores dicen que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica, tales como enormes déficit presupuestarios que afloraron el año pasado. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está contemplado por la Constitución brasileña.
¿Quién impulsa el juicio político en el congreso?
A la cabeza está la némesis de Rousseff, el presidente de la cámara Eduardo Cunha, acusado de aceptar sobornos en el escándalo Petrobras, algo que él lo niega. Pero legisladores de una decena de partidos, desde el centrista Partido Socialdemócrata hasta el derechista Demócrata, apoyan el juicio político.
¿Qué tiene que ver con esto el expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva?
Rousseff pidió a Lula, su antecesor y mentor, que utilice sus destrezas como negociador para ayudarla a evitar el juicio político. Designó a Lula su jefe de gabinete, que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia del país. Los partidarios dicen que el nombramiento la ayudará a estabilizar una situación difícil. Los detractores dicen que es un intento flagrante de impedir el procesamiento de Lula, quien a principios de marzo fue detenido e interrogado por la policía en relación con Petrobras. Los miembros del gabinete sólo pueden ser investigados o juzgados por la Corte Suprema. Lula no ha sido acusado y niega haber cometido delito alguno.
