Los legisladores de California exhortaron al presidente electo Donald Trump a abstenerse de buscar deportaciones en masa y presentaron iniciativas de ley urgentes para financiar abogados migratorios y ayudar a los defensores públicos a proteger a los inmigrantes en el estado.
Los legisladores demócratas también aprobaron el lunes resoluciones en ambas cámaras en las que se le pide al próximo gobierno federal que mantenga vigente un programa que concede permisos de trabajo a cientos de miles inmigrantes jóvenes que están sin permiso en Estados Unidos, pese a las intensas protestas por parte de algunos republicanos.
El senador estatal Ben Hueso, demócrata de San Diego, presentó una propuesta para financiar abogados para los inmigrantes en procesos de deportación, mientras que el asambleísta Rob Bonda, demócrata de Alameda, propuso que se ayudara a los defensores públicos a valorar las consecuencias migratorias de las condenas penales.
Ambas iniciativas fueron etiquetadas como urgentes y tienen como objetivo proteger a los inmigrantes en California —que cuenta con más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero— de las promesas de campaña de Trump sobre un ejercicio más estricto de las leyes migratorias.
'Es un salvoconducto, por decirlo de alguna manera, en todos los aspectos, para dejar en claro que estos son los valores de California', dijo a la prensa el presidente interino del Senado Kevin de Leon, demócrata de Los Ángeles.
Los legisladores demócratas, que cuentan con mayorías en ambas cámaras, propusieron las medidas luego de un encarnecido año electoral en el que Trump hizo de las leyes fronterizas el punto focal de su campaña y mantuvo una retórica crítica a los inmigrantes mexicanos y los musulmanes.
En el primer día del nuevo periodo de sesiones - que a menudo es reservado para estrechar manos y tomarse fotografías- se presentó un encendido debate sobre las resoluciones de los demócratas para exhortar a Trump a que continúe emitiendo permisos de trabajo para los jóvenes inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando aún eran niños. Más de 740,000 jóvenes están cubiertos actualmente por el programa.
El senador republicano de Costa Mesa, John Moorlach, dijo que pensaba que era un enfoque equivocado por parte de California adoptar un tono tan antagónico con un presidente que ni siquiera ha juramentado al cargo todavía.
'No estoy cómodo con decir que pelearemos, aunque lo entiendo. Pienso que deberíamos tratar de trabajar con este gobierno', afirmó. 'Deberíamos colaborar. No creo que el desafío sea el enfoque correcto'.
De Leon calificó la iniciativa de ley como necesaria y urgente, ya que hay niños temerosos de que sus padres sean deportados.
El gobernador Jerry Brown declinó el lunes tomar una postura sobre la legislación migratoria que se presenta. Sin embargo, afirmó que 'evaluará cuidadosamente todo lo que se proponga'.
'Anteriormente he aprobado medidas similares, al menos en cuestión de presupuesto', dijo a los periodistas reunidos en su oficina. 'Apoyo enormemente a las personas de California y a aquellos que han llegado aquí de manera más reciente, así que le daré un buen vistazo a lo que sea que presenten'.
Aproximadamente 2,4 millones de inmigrantes residentes en el estado carecen de estatus legal, según cálculos del Pew Research Center, con sede en Washington.
Las dos medidas migratorias presentadas el lunes podrían costarle al estado entre 10 y 80 millones de dólares, de acuerdo a quienes realizaron las propuestas.
Los defensores de los derechos de inmigrantes dicen que otras iniciativas de ley están bajo consideración para limitar más la aplicación de la ley federal de inmigración en California y proteger la información de inmigrantes en bases de datos estatales.
En años recientes, California ha aprobado una serie de medidas para asistir y proteger a inmigrantes que están en el país sin permiso, por ejemplo, limitando los casos en que agencias judiciales del estado pueden entregar inmigrantes arrestados a autoridades federales para su deportación.
California ofrece atención médica con subsidio del estado a niños de familias de ingresos bajos que están en el país ilegalmente y emite licencias de manejo sin importar el estatus migratorio.
