'La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que de la continuidad de los trabajos realizados por el Equipo de Especialidades Forenses por cuanto a establecer la identidad de las víctimas de los hechos registrados el 22 de enero en el poblado, se logró tres más de ellas siendo las siguientes de nacionalidad guatemalteca: Adán “C”, Ribaldo D. “J” y Edgar “L”.
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El diputado guatemalteco Mario Gálvez reveló la última semana de enero el nombre de 13 migrantes —tres mujeres y diez hombres— que formarían parte del grupo, entre ellos, Adán Coronado, Rivaldo Danilo Jiménez y Edgar López y López.
Ramiro Coronado, tío de Adán, dijo vía telefónica a The Associated Press que lamentaba la confirmación de la muerte de su sobrino “porque estaba en vías de lucha para lograr un sueño de superación”. El joven tenía una pequeña ferretería que se vio afectada con la pandemia. Coronado dijo que la familia es de escasos recursos y pidió apoyo “quizás con visas para llegar a Estados Unidos” porque ellos necesitan salir adelante, dijo.
Los cuerpos quemados de 19 personas fueron hallados el 23 de enero en una camioneta calcinada en Camargo, México, al otro lado del río Bravo frente a Texas, en una zona marcada durante años por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del cártel del Golfo y el antiguo cártel de Los Zetas. En el lugar también se localizó otro vehículo quemado, pero sin cadáveres y con placas del vecino estado de Nuevo León.
Las familias de los migrantes guatemaltecos, después de conocerse la masacre, alertaron que entre los fallecidos podrían estar sus migrantes, pues habían perdido comunicación con el grupo alrededor del 21 de enero. Se creía que ellos se encontraban por la zona cuando fueron descubiertos los cuerpos y se pensó que los fallecidos eran sus seres queridos.
Las familias de los migrantes oriundos del departamento de San Marcos, fronterizo con México, han empezado con los duelos de sus familiares.
Mientras, en Tamaulipas, una docena de policías estatales mexicanos fueron arrestados por su presunta participación en el asesinato de las 19 personas, cuyos cuerpos aparecieron baleados y calcinados, anunciaron las autoridades.
Los 12 agentes enfrentan cargos de homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio, explicó el martes por la noche el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica. El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el miércoles el cese de ocho de sus agentes por irregularidades aparentemente vinculados al caso.
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El fiscal no explicó cuál fue el móvil del crimen pero en México policías locales y estatales corruptos están a menudo a sueldo de los cárteles. Estas bandas del crimen organizado suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan al grupo que no haya pagado o a quienes optaron por cruzar con organizaciones rivales.
En este caso se presume que los crímenes podrían haber sido cometidos por policías, entre los que había agentes de un grupo de operaciones especiales, agregó Barrios.
El suceso revivió la masacre de 72 migrantes en 2010 cerca de la localidad de San Fernando, también en el estado de Tamaulipas, que está plagado de grupos del crimen organizado. Aquellas muertes fueron perpetradas por un cártel del narcotráfico.
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