Los lineamientos nuevos sustituyen a las reglas interinas que se emitieron en febrero y que fueron bloqueadas en agosto por un juez federal como parte de una demanda legal presentada por los estados de Texas y Luisiana. Contrastan con la postura mucho más agresiva en materia migratoria del expresidente Donald Trump, quien al inicio de su mandato instruyó a las autoridades a detener a todo aquel que estuviera en el país sin autorización.
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El anuncio se produce en momentos en que Biden ha enfrentado críticas de sus aliados por apoyarse en un mandato de salud pública establecido por el entonces gobierno de Trump para expulsar de manera expedita a los migrantes detenidos en la frontera con México, y también de los republicanos que arremeten en su contra por no hacer lo suficiente para contrarrestar un incremento enorme de migrantes que intentan entrar en el país. Su gobierno ha expulsado a cerca de 5.000 haitianos que ingresaron desde México hacia Del Río, Texas, en semanas recientes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los reporteros que la política nueva se sustenta en la realidad de que Estados Unidos no puede ir detrás de todas las personas que no tienen permiso legal para estar en el país ni debería intentarlo, ya que muchos “han sido miembros que han aportado a nuestras comunidades durante años”.
Las autoridades serán instruidas a enfocarse en los no ciudadanos que han cruzado recientemente la frontera, es decir, después del 1 de noviembre de 2020, o aquellos considerados como una amenaza debido a “actividades delictivas graves”. El Departamento de Seguridad Nacional incluye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.
A diferencia de las reglas interinas, la actividad criminal no está limitada a la categoría conocida en términos legales como delito mayor con agravantes, sino que dependerá de “la suma de hechos y circunstancias”, aseguró Mayorkas. Cualquier persona será considerada como prioridad de expulsión si está involucrada o se sospecha que participa en actividades de terrorismo o espionaje, según el memo. Las directrices nuevas entrarán en vigor el 29 de noviembre.
Las autoridades de inmigración tendrán prohibido arrestar y buscar la deportación de alguna persona en represalia por ejercer sus derechos establecidos en la Primera Enmienda, como sumarse a una protesta o formar parte de actividades sindicales.
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“Estamos requiriendo y otorgando facultades a nuestra fuerza laboral... para ejercer su juicio, su criterio en el cumplimiento de la ley”, declaró el funcionario.
Los activistas a favor de una política migratoria estricta han criticado los lineamientos interinos, los cuales tenían un objetivo similar a las reglas anunciadas el jueves, debido a que eran percibidos como un enfoque descendente y que impedía arrestos de bajo nivel que podrían brindar pistas sobre casos más grandes o ayudar a disuadir la inmigración irregular.
El senador republicano Tom Cotton dijo en Twitter que Biden “ha dado la bienvenida” a los migrantes que cruzaron la frontera y, con las nuevas reglas, ahora prometería que aquellos que ya están en el país “pueden quedarse en Estados Unidos sin que haya repercusiones”.
Defensores de los inmigrantes, incluyendo algunos que en el pasado han pedido que se eliminen por completo al ICE y la detención de inmigrantes, aplaudieron los nuevos lineamientos, pero están en guardia ante la rápida detención y expulsión de miles de haitianos en Del Río.
“Esta política sólo será tan buena como sus resultados”, dijo Jacinta González organizadora de campaña de Mijente. “Si los números de detenciones siguen subiendo, si continúa habiendo deportaciones, si aún vemos abusos a los derechos humanos en la frontera, esta política no significará nada”.
Un juez federal en Texas bloqueó las reglas interinas en agosto, habiendo fallado que el gobierno no tenía la discrecionalidad para elegir a qué inmigrantes detener; sin embargo, una corte federal de apelaciones permitió que los lineamientos entraran en vigor mientras la denuncia avanzaba por los tribunales.
Mayorkas recalcó que no tiene mucho sentido ir detrás de los cerca de 11 millones de inmigrantes que están en el país sin estatus legal, incluso si las autoridades tuvieran la capacidad para hacerlo.
“Ellos contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que utilicemos nuestro criterio en conformidad”, señaló. “El hecho de que un individuo sea no ciudadano elegible a su expulsión no debe ser la única base para ejercer acción en su contra”.
El gobierno de Trump implementó cientos de medidas para restringir la inmigración, tanto legal como irregular, incluyendo una política de tolerancia cero en los cruces fronterizos que resultó en la separación forzada de miles de familias, así como requerir que los solicitantes de asilo esperaran en el lado mexicano de la frontera a que llegara su fecha de audiencia ante una corte migratoria de Estados Unidos.
Al final, hubo menos deportaciones durante la presidencia de Trump que en el primer mandato del presidente Barack Obama, quien promulgó prioridades de procesamiento similares a las de Biden. Eso se debió en parte a la falta de cooperación de muchas ciudades y estados, cuyos gobernantes se oponían a las políticas migratorias de Trump.
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