SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Más de 1,000 militares cercaron este sábado dos barrios en San Salvador, de la capital de El Salvador en el marco de la “guerra” contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele, sumando tres los operativos de este tipo este mes en el país centroamericano.
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Desde la madrugada de este sábado fueron desplegados 1.000 soldados en la comunidad Tutunichapa, mientras casi al anochecer otra cantidad igual de militares cercaron la comunidad La Granjita junto a 100 policías, ambas en la capital.
“Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada”, informó Bukele en Twitter.
“Más de 1.000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico”, agregó, y señaló que esto se hace “sin remover un solo elemento del cerco de (la ciudad de) Soyapango”, que se mantiene desde el 3 de diciembre.
“Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución”, remarcó el mandatario siempre en su cuenta de Twitter.
En Tutunichapa, una populosa barriada de San Salvador, hubo 23 detenidos, según el ministro de la Defensa, René Merino.
“Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”, dijo Bukele en otro tuit.
Soyapango, tercera ciudad del país con 242.000 habitantes, fue rodeada por 8.500 soldados y 1.500 policías hace 21 días.
El gobierno tomó la medida al amparo del régimen de excepción declarado por el Congreso -de mayoría oficialista- a pedido de Bukele el 27 de marzo tras un aumento de la violencia de las pandillas.
El cerco a Soyapango ha implicado el registro de casas y personas a pie o en vehículos, además de búsquedas aleatorios en unidades de transporte colectivo.
Carros blindados del ejército, algunos artillados, efectúan constantes patrullajes, mientras vehículos de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto ingresan en las colonias del municipio.
El ministro de la Defensa aseguró que en Soyapango detuvieron hasta este sábado a 690 presuntos pandilleros.
“Seguimos trabajando en el resto del territorio buscando a delincuentes terroristas”, sostuvo Merino.
“El que nada debe, nada teme”
Imágenes difundidas este sábado por la Casa Presidencial mostraban a militares fuertemente armados ingresando a la comunidad Tutunichapa, donde pequeñas casas en su mayoría construidas de bloques grises de concreto se levantan junto a uno de los tantos arroyos contaminados que surcan San Salvador.
Muchas de las casas lucían adornadas con guirnaldas o pequeñas figuras de hombres de nieve por la Navidad
“Vamos a extraer a cada delincuente de nuestras comunidades”, prometió en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, en un mensaje en el que incluyó fotos de perros de la unidad antinarcóticos de la policía desplegados para buscar drogas en Tutunichapa.
Desde que se declaró el régimen de excepción a fines de marzo en El Salvador, más de 60.000 personas fueron arrestadas por supuestos nexos con organizaciones criminales, lo que ha llevado a grupos humanitarios a cuestionar los métodos del gobierno de Bukele.
Pero para muchos salvadoreños estos operativos no generan preocupación.
Edwin Díaz, de 51 años, ha vivido la mayor parte de su vida en Tutunichapa, considerado un sitio peligroso por las pandillas y la venta de drogas.
“Toda la vida hemos sufrido el estigma de que acá hay narcomenudeo, pandilleros, cosas malas pues, y hoy con esta seguridad que han montado no hay nada que temer”, dijo Díaz el sábado en una llamada telefónica.
“El que nada debe, nada teme”, añadió.
El 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia “ha disminuido” con la política de Bukele, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre.
El jueves, el Congreso prorrogó por novena ocasión el régimen de excepción, por un mes, pese a las críticas de organismos humanitarios que denuncian violaciones a los derechos humanos bajo esa medida.
