MANAGUA, NICARAGUA.- La policía de Nicaragua inició una investigación en varias diócesis católicas por lavado de dinero al presuntamente manejar de forma ilegal “fondos y recursos de cuentas bancarias” de opositores condenados, informó este sábado la entidad.
Las pesquisas “llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”, precisó en un comunicado.
Según la nota de prensa, la policía fue informada el 19 de mayo pasado de la “actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la Patria”.
“El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos”, agregó.
El texto detalla que la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero confirmaron “los movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis, han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos”.
Además, asegura que la Superintendencia de Bancos solicitó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al jefe de la Iglesia católica nicaragüense, el cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis.
Explica que los actos de traición a la patria que ya fueron juzgados fueron “cometidos por personajes que como políticos han violentado criminalmente todos los ordenamientos jurídicos, financieros, sociales, del Estado y el pueblo nicaragüenses”.
Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Organismos internacionales han denunciado al gobierno de Ortega por sus medidas contra los opositores, entre las que se encuentran la expatriación, despojar de su nacionalidad a dirigentes, impedir el ingreso de críticos y proscribir a miles de organizaciones privadas y religiosas.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
