La demanda que un mexicano ha interpuesto en una c orte federal de Nueva York para resucitar programas de alivio migratorio que habían sido paralizados adquirió relevancia el lunes, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara pronunciarse nuevamente sobre los planes de la Casa Blanca de proteger a millones de inmigrantes.
Expertos y activistas consideran ahora que la demanda del joven Martín Batalla es la única vía que queda a corto plazo para intentar otorgar beneficios a parte de los 11 millones de inmigrantes del país que viven sin autorización.
La Corte Suprema rechazó el lunes un pedido del gobierno del presidente Barack Obama para que votara nuevamente sobre su plan de proteger a millones de inmigrantes cuando se designe al noveno juez de la corte, después de que su votación inicial resultó empatada.
La Corte se había dividido 4-4 en junio, lo que decretó la muerte de los planes de la Casa Blanca de proteger de la deportación a inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización y darles permisos de trabajo.
El caso probablemente regresará a la Corte Suprema pero eso podría tomar más de un año, dijo Karen Tumlin, directora de temas legales para el National Immigration Law Center, una organización que defiende los derechos de inmigrantes.
'En estos momentos sólo la demanda de Martín pide esto así que mucho depende de esa decisión judicial', dijo Tumlin. 'No nos va a llegar nada rápido por parte de la Corte Suprema en cuanto a estos difíciles temas con los que estamos estancados.'
La demanda de Batalla espera resucitar dos programas de alivio migratorio que Obama anunció en noviembre del 2014: uno para beneficiar a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y la ampliación de otro ya existente para jóvenes sin autorización.
Estos programas fueron suspendidos a principios de 2015 cuando Texas y otros 25 estados interpusieron una querella argumentando que conceder números de la seguridad social y permisos de trabajo a inmigrantes sin autorización perjudicaría la economía de sus estados.
Un juez de Texas aceptó los argumentos y los programas no entraron en vigor.
La demanda de Batalla asegura que los otros 24 estados que no participaron en esa querella no tendrían que salir perjudicados por ese mandato. Por lo tanto los inmigrantes que viven allí, asegura el mexicano y sus abogados, deberían poder beneficiarse del alivio migratorio.
Activistas de varios grupos que defienden los derechos de los inmigrantes expresaron el lunes frustración y decepción tras conocer la decisión de la Corte Suprema. Falta un juez en la Corte desde febrero, cuando murió Antonin Scalia. El gobierno había pedido una 'resolución' al caso ahora.
Batalla admitió el lunes que más atención está ahora puesta en su caso.
'Yo tengo fe', dijo el mexicano. 'Aunque no gane, sabré que hice lo que más pude', senaló.
De hecho, si Batalla gana su caso, es probable que Texas y los otros estados apelen y entonces el caso acabe en la Corte Suprema.
Batalla fue traído ilegalmente a Estados Unidos por su familia cuando tenía siete años y se ha beneficiado de un programa de alivio migratorio para jóvenes como él que comenzó en 2012. En la actualidad trabaja en un gimnasio de Brooklyn gracias al permiso de trabajo de dos años que le concedió ese programa, anterior a la querella de Texas y que sigue vigente.
Portavoces de la organización America's Voice, que defiende los derechos de los inmigrantes, dijo el lunes que el debate se centra ahora en si el juez de Texas Andrew Hanen que frenó la aplicación de los beneficios migratorios se excedió o sobrepasó su límite de decisión.
'La demanda de Nueva York analiza ahora esa cuestión', dijo Michael Earls, vocero del grupo.
Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, dijo el lunes que el gobierno está decepcionado con la decisión de la Corte Suprema y pidió a los republicanos del Senado que 'confirmen a un noveno juez en la Corte Suprema para que los temas de los estadounidenses puedan decidirse en la Corte Suprema'.
