CARACAS, VENEZUELA.- Ante la confiscación del avión presidencial por parte de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro calificó de “piratería” la acción emprendida por el país norteamericano.
El gobierno venezolano expresó su malestar a través de un comunicado, señalando que “las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo.
Seguidamente, acusó a Estados Unidos de utilizar “su poderío económico y militar” para presionar República Dominicana a servir como cómplice. Cabe recordar que desde mayo la aeronave se encontraba en este país caribeño.
“Este es un ejemplo del supuesto ´orden basado en reglas´, el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad”, prosiguió el comunicado gubernamental.
De igual forma, notificó que se resevará el derecho de emprender acciones para reparar el daño causado por la confiscación.
Sobre el avión
La aeronave presidencial es un Dassault Falcon 900EX, valorada en 13 millones de dólares. Según el gobierno estadounidenses, este vehículo se adquirió de forma irregular.
De acuerdo al fiscal general Merrick B. Garland, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el aribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”.
A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.
