El acuerdo para su creación fue publicado el martes en el diario oficial y establece que dicha comisión -que tendrá cuatro años de vigencia- no investigará sino que dará seguimiento a los casos de corrupción en la administración pública revelados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía guatemalteca.
“La comisión tiene por objeto apoyar mecanismos que busquen evitar que los casos de corrupción detectados se repitan, así como recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones del Estado mediante el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados”, señala el acuerdo firmado por el presidente.
Eddi Cux, abogado y presidente de Acción Ciudadana, la filial en Guatemala de Transparencia Internacional, recordó que durante las administraciones de los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020) también se crearon comisiones contra la corrupción que no tuvieron resultados.
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“Las funciones de esta comisión tienen que ser más claras porque se dijo por parte de Giammattei que ayudaría a investigar casos de corrupción, pero el Ejecutivo no puede hacer investigaciones porque no son sus atribuciones, eso le corresponde al Ministerio Público. El Ejecutivo tampoco puede ser un centro de denuncias porque esa tampoco es su función”, explicó Cux.
La comisión será presidida por Giammattei, los ministros de Gobernación y de Finanzas Públicas, el Procurador General de la Nación y el secretario General de la Presidencia, entre otros. Esta podrá aceptar donaciones de organismos internacionales.
La creación de dicha comisión fue una promesa de campaña de Giammattei tras la salida de la CICIG.
El día de su toma de posesión, Giammattei y sus 14 ministros firmaron un convenio de combate a la corrupción con la Fiscal General, el Contralor General de Cuentas, el Procurador General de la Nación, el Superintendente de Administración Tributaria y el Superintendente de Bancos.
La CICIG, dependiente de las Naciones Unidas, dejó de operar en Guatemala el 3 de septiembre de 2019 luego de que el expresidente Morales decidió no renovar su periodo de trabajo. En 2017 y 2018 la CICIG había presentado dos solicitudes para que se le retirara la inmunidad a Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito.
Durante su funcionamiento entre 2007 y 2019 la CICIG investigó e identificó más de 70 estructuras criminales y presentó más de 120 casos de alto impacto que fueron judicializados. Sus principales investigaciones irán a juicio este año.
Uno de sus casos emblemáticos fue el denominado “La Línea” que reveló una estructura de defraudación aduanera liderada por el expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina renunció en 2015 al cargo y fue procesado junto a Baldetti y a casi todo su gabinete por corrupción.
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