San Salvador, El Salvador
El Salvador registró el año pasado un cuadro de derechos humanos marcado por homicidios, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de personas, aunados al uso desproporcionado de violencia para combatir el crimen, según un informe de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado este martes.
'El Estado salvadoreño no solo ha fallado en la protección adecuada de la población, sino que ha respondido a la violencia existente con una violencia desproporcionada', consigna el informe presentado por el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira.
Durante 2017 el país registró 3.962 homicidios, lo cual según Tojeira demuestra que 'el Estado falla en la protección de la vida en el país porque son 60 homicidios por cada 100.000 habitantes'.
Aún así, los homicidios de 2017 tuvieron una reducción de 25% desde el año anterior, según datos oficiales.
Para contener la violencia homicida, causada en la mayoría de los casos por las pandillas, el estado salvadoreño aplica desde 2016 'medidas extraordinarias' de seguridad, que incluyen severos controles, en seis cárceles para cortar la comunicación de cabecillas de las bandas con el exterior.
La medidas extraordinarias se deben eliminar por ser violatorias a los derechos humanos, opinó Tojeira.
En el combate de las pandillas, la policía reportó el año pasado 536 incidentes armados que dejaron 413 pandilleros muertos, 67 lesionados y 290 detenidos.
'Frenar el abuso de la fuerza policial es indispensable para evitar la radicalización de tensiones sociales, y para construir la cultura de paz que debe cultivar el Estado', advierte el informe.
En 2017 la UCA atendió 260 casos de familias que solicitaron refugio a causa del desplazamiento forzado por la violencia.
Para la universidad jesuita es necesario que 'se reconozca y se brinde apoyo estatal' a las personas desplazadas por violencia.
La UCA advierte que una cuarta parte de las 5.000 escuelas del país tienen 'problemas de seguridad interna' a causa de las pandillas por lo que estimó necesario 'construir políticas serias y efectivas' para la prevención de la violencia.
El Salvador sigue como una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, con índices de violencia muy por encima del promedio mundial de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2015 del Banco Mundial.
El Salvador registró el año pasado un cuadro de derechos humanos marcado por homicidios, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de personas, aunados al uso desproporcionado de violencia para combatir el crimen, según un informe de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado este martes.
'El Estado salvadoreño no solo ha fallado en la protección adecuada de la población, sino que ha respondido a la violencia existente con una violencia desproporcionada', consigna el informe presentado por el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, José María Tojeira.
Durante 2017 el país registró 3.962 homicidios, lo cual según Tojeira demuestra que 'el Estado falla en la protección de la vida en el país porque son 60 homicidios por cada 100.000 habitantes'.
Aún así, los homicidios de 2017 tuvieron una reducción de 25% desde el año anterior, según datos oficiales.
Para contener la violencia homicida, causada en la mayoría de los casos por las pandillas, el estado salvadoreño aplica desde 2016 'medidas extraordinarias' de seguridad, que incluyen severos controles, en seis cárceles para cortar la comunicación de cabecillas de las bandas con el exterior.
La medidas extraordinarias se deben eliminar por ser violatorias a los derechos humanos, opinó Tojeira.
En el combate de las pandillas, la policía reportó el año pasado 536 incidentes armados que dejaron 413 pandilleros muertos, 67 lesionados y 290 detenidos.
'Frenar el abuso de la fuerza policial es indispensable para evitar la radicalización de tensiones sociales, y para construir la cultura de paz que debe cultivar el Estado', advierte el informe.
En 2017 la UCA atendió 260 casos de familias que solicitaron refugio a causa del desplazamiento forzado por la violencia.
Para la universidad jesuita es necesario que 'se reconozca y se brinde apoyo estatal' a las personas desplazadas por violencia.
La UCA advierte que una cuarta parte de las 5.000 escuelas del país tienen 'problemas de seguridad interna' a causa de las pandillas por lo que estimó necesario 'construir políticas serias y efectivas' para la prevención de la violencia.
El Salvador sigue como una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, con índices de violencia muy por encima del promedio mundial de 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2015 del Banco Mundial.
