Por Patricia Cohen/The New York Times
La Unión Europea ha sido líder en materia de cambio climático, aprobando leyes revolucionarias para reducir los gases de efecto invernadero. Ahora el mundo se está resistiendo.
Funcionarios gubernamentales y grupos empresariales de todo el mundo han aumentado su cabildeo en los últimos meses para persuadir a los funcionarios de la UE a que suspendan una ley histórica destinada a proteger los bosques en peligro haciendo un seguimiento a las cadenas de suministro.
Las reglas, programadas para entrar en vigor a finales de año, afectarían a miles de millones de dólares en bienes comercializados. Han sido denunciadas como “discriminatorias y punitivas” por países del sudeste asiático, Latinoamérica y África.
Recientemente, el coro se hizo más grande. Los miembros del gabinete de Brasil, el director general de la Organización Mundial del Comercio e incluso el Canciller Olaf Scholz de Alemania —líder de la principal economía de los 27 miembros de la Unión Europea— pidieron al presidente de la Comisión Europea que pospusiera las regulaciones.
El alboroto subraya las dificultades para avanzar en un problema que casi todo mundo coincide en que es urgente: proteger al mundo del devastador cambio climático.
La destrucción, a menudo ilegal, de bosques y zonas boscosas tropicales contribuye a la acumulación de emisiones de carbono y al aumento a las temperaturas, incrementa la erosión y las inundaciones, y destruye los hábitats de miles de animales, poniéndolos en riesgo de extinción.
En el 2023, después de años de debate, los legisladores aprobaron un veto a todos los productos derivados de siete materias básicas clave —ganado, cacao, café, aceite de palma, hule, soya y madera— cultivados en tierras forestales recién taladas. Los resultados son reglas que afectan prácticamente todos los elementos utilizados en el hogar. Las sanciones son elevadas.
La esperanza era que la ley tuviera un efecto dominó, estimulando a naciones como Estados Unidos, China, India y Japón a aprobar leyes similares. Sin embargo, demostrar que cada paso de una cadena de suministro está libre de ingredientes vinculados a la deforestación es formidable en un mundo globalizado de producción en masa.
Algunos países cuentan con sistemas de monitoreo. Argentina y Uruguay tienen más de 15 años de rastrear el ganado. Ghana, uno de los mayores exportadores de cacao, ha mapeado 1.2 millones de granjas y dijo estar comenzando a rastrear los granos desde las granjas hasta los barcos.
Varios gigantes multinacionales de los alimentos, incluyendo a Nestlé, Mars Wrigley, Mondelez y Unilever, han respaldado las normas de deforestación, mientras que ADM anunció que su cadena de suministro verificable de aceite y harina de soya estaba lista.
Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha realizado talleres sobre cumplimiento, señaló que varios países, como Perú y Vietnam, estaban estableciendo sistemas de certificación.
Sin embargo, el progreso es desigual. Y funcionarios, agricultores y asociaciones comerciales de todo el mundo se han quejado de que es casi imposible cumplir la ley, que exige a las empresas mapear cada metro cuadrado de tierra agrícola y rastrear el origen de cada frijol de soya o trozo de madera.
Incluso dentro de la Unión Europea, los Ministros de Agricultura de 20 países habrían pedido una postergación.
Las naciones en desarrollo se quejan de que las ex potencias coloniales están dictando reglas que afectan sus economías. Los pequeños agricultores temen que el costo del cumplimiento los lleve a la quiebra. Los gobiernos pobres y de ingresos medios argumentan que la ley es otro ejemplo de cómo están asumiendo los costos del daño climático causado principalmente por las naciones más ricas. Los políticos de Europa y Estados Unidos están respondiendo a los electores descontentos por costos al alza y regulaciones.
En cualquier caso, retardar la entrada en vigor de la regla no es fácil. La legislatura tendría que aprobar cualquier modificación de la ley, afirmó un portavoz de la Comisión Europea.
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