Por Carlotta Gall / The New York Times
El Presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía había llegado al poder en gran medida gracias al apoyo de Fethullah Gulen, un predicador y compañero islamista, que murió el 20 de octubre. Los millones de seguidores de Gulen ayudaron a llenar las filas del Gobierno, así como los medios de comunicación, la policía y los tribunales, ayudando a Erdogan a consolidar su poder.
En los primeros años del liderazgo de Erdogan como Primer Ministro, los seguidores de Gulen eran los portavoces más destacados del Gobierno en Turquía y en el extranjero. Pero una década después, Erdogan empezó a resentir el alcance de Gulen y surgieron diferencias sobre políticas.
La primera ruptura se produjo en el 2013, cuando fiscales gulenistas iniciaron procesos por corrupción contra integrantes del Gobierno de Erdogan y miembros de su familia.
Erdogan acusó a Gulen de dirigir un “golpe judicial” y tomó medidas para cerrar algunos de los medios de comunicación de Gulen, así como sus lucrativos centros educativos, que preparaban a los estudiantes para los exámenes de ingreso a la universidad.
La rivalidad se volvió mortal cuando miembros de un grupo que se halló que estaba alineado con Gulen intentaron un golpe militar en julio del 2016. Erdogan le hizo frente, sacando a sus partidarios a las calles y asegurando la lealtad de los líderes militares y de inteligencia que se movilizaron a arrestar a los golpistas.
Erdogan entonces tomó medidas enérgicas contra los círculos más amplios del movimiento. Decenas de miles de seguidores de Gulen fueron arrestados, sus negocios y propiedades fueron confiscados y 150 mil empleados gubernamentales fueron despedidos.
El Gobierno turco emitió una orden de arresto contra Gulen y solicitó su extradición de Estados Unidos, donde tenía muchos años de vivir en Pensilvania en un exilio autoimpuesto.
Erdogan nunca logró traer a Gulen de regreso a Turquía. Pero aplastó el movimiento gulenista, calificándolo de organización terrorista y encarcelando a muchos líderes prominentes con sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.
Para el momento de su muerte, Gulen había perdido gran parte del apoyo de las familias cuyos familiares estaban en prisión y de miles de personas que se habían visto obligadas a huir de Turquía.
Después de la intentona, se aceleró el camino de Erdogan hacia el autoritarismo, que había comenzado después de las protestas populares en el 2013.
Con un referéndum en el 2017, Erdogan cambió la Constitución para poner fin al sistema parlamentario de Turquía y otorgar amplios poderes ejecutivos al Presidente, que alguna vez fue un cargo en gran medida ceremonial. Desde entonces ha conseguido dos mandatos más como Presidente.
También ha supervisado años de juicios masivos de seguidores de Gulen, incluyendo a jóvenes cadetes, soldados reclutados, maestros y otras personas que tuvieron poca o ninguna participación en la intentona, pero han recibido largas sentencias de prisión.
Cientos de políticos kurdos, activistas por la democracia, periodistas y otras personas también han sido encarcelados en los últimos años en lo que se considera un amplio esfuerzo por reprimir la disidencia. Cientos de medios de comunicación han sido cerrados y los opositores al Gobierno rara vez tienen acceso a los principales medios de comunicación.
Sus planes no están claros, pero semanas antes de que los electores acudieran a las urnas en abril para emitir su voto en las elecciones locales, el Presidente sugirió que sería su “última elección”.
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