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Por Carlotta Gall / The New York Times
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El Presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía había llegado al poder en gran medida gracias al apoyo de Fethullah Gulen, un predicador y compañero islamista, que murió el 20 de octubre. Los millones de seguidores de Gulen ayudaron a llenar las filas del Gobierno, así como los medios de comunicación, la policía y los tribunales, ayudando a Erdogan a consolidar su poder.
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En los primeros años del liderazgo de Erdogan como Primer Ministro, los seguidores de Gulen eran los portavoces más destacados del Gobierno en Turquía y en el extranjero. Pero una década después, Erdogan empezó a resentir el alcance de Gulen y surgieron diferencias sobre políticas.
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La primera ruptura se produjo en el 2013, cuando fiscales gulenistas iniciaron procesos por corrupción contra integrantes del Gobierno de Erdogan y miembros de su familia.
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Erdogan acusó a Gulen de dirigir un “golpe judicial” y tomó medidas para cerrar algunos de los medios de comunicación de Gulen, así como sus lucrativos centros educativos, que preparaban a los estudiantes para los exámenes de ingreso a la universidad.
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La rivalidad se volvió mortal cuando miembros de un grupo que se halló que estaba alineado con Gulen intentaron un golpe militar en julio del 2016. Erdogan le hizo frente, sacando a sus partidarios a las calles y asegurando la lealtad de los líderes militares y de inteligencia que se movilizaron a arrestar a los golpistas.
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Erdogan entonces tomó medidas enérgicas contra los círculos más amplios del movimiento. Decenas de miles de seguidores de Gulen fueron arrestados, sus negocios y propiedades fueron confiscados y 150 mil empleados gubernamentales fueron despedidos.
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El Gobierno turco emitió una orden de arresto contra Gulen y solicitó su extradición de Estados Unidos, donde tenía muchos años de vivir en Pensilvania en un exilio autoimpuesto.
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Erdogan nunca logró traer a Gulen de regreso a Turquía. Pero aplastó el movimiento gulenista, calificándolo de organización terrorista y encarcelando a muchos líderes prominentes con sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.
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Para el momento de su muerte, Gulen había perdido gran parte del apoyo de las familias cuyos familiares estaban en prisión y de miles de personas que se habían visto obligadas a huir de Turquía.
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Después de la intentona, se aceleró el camino de Erdogan hacia el autoritarismo, que había comenzado después de las protestas populares en el 2013.
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Con un referéndum en el 2017, Erdogan cambió la Constitución para poner fin al sistema parlamentario de Turquía y otorgar amplios poderes ejecutivos al Presidente, que alguna vez fue un cargo en gran medida ceremonial. Desde entonces ha conseguido dos mandatos más como Presidente.
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También ha supervisado años de juicios masivos de seguidores de Gulen, incluyendo a jóvenes cadetes, soldados reclutados, maestros y otras personas que tuvieron poca o ninguna participación en la intentona, pero han recibido largas sentencias de prisión.
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Cientos de políticos kurdos, activistas por la democracia, periodistas y otras personas también han sido encarcelados en los últimos años en lo que se considera un amplio esfuerzo por reprimir la disidencia. Cientos de medios de comunicación han sido cerrados y los opositores al Gobierno rara vez tienen acceso a los principales medios de comunicación.
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Sus planes no están claros, pero semanas antes de que los electores acudieran a las urnas en abril para emitir su voto en las elecciones locales, el Presidente sugirió que sería su “última elección”.
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