Ahora que ya se conoce cómo se distribuyeron los 40 millones del “carretillazo”, el dinero que se extrajo en efectivo de las bóvedas del Banco Central de Honduras para financiar la frustrada consulta sobre si se colocaba o no en las elecciones generales de 2009 una cuarta urna para que los votantes decidieran si aceptaban o no una reforma de los artículos pétreos de la Constitución de la República, no queda más que la efectiva acción de la justicia para deducir las responsabilidades correspondientes.
Esta es otra oportunidad para que la justicia hondureña actúe en serio para combatir este flagelo al que es atribuible la mayoría de los graves problemas que sufre Honduras. Antes y después del “carretillazo” no se supieron aprovechar coyunturas especiales, como ocurrió con los esfuerzos realizados durante la administración Reina, o cuando Estados Unidos despojó de su visa de ingreso a ese país a un expresidente de la República por “corrupción oficial pública”.
Y es que hasta ahora, los escándalos de corrupción que brotan como hongos durante y más después de cada período presidencial, solo han sido eso: bulliciosas alharacas que durante unos cuantos días permanecen en los medios de comunicación y después se van desvaneciendo ante el surgimiento de nuevos y más sonados casos.
En otras ocasiones, la lucha contra la corrupción solo se utiliza como un instrumento político-propagandístico, para quitar la atención de los mismos escándalos del momento, pero sin llegar adonde el pueblo quisiera: el castigo para los culpables y la recuperación de los recursos robados.
El “carretillazo”, si bien no es el acto en el que más dinero del Estado se ha dilapidado, sí resulta emblemático el descaro, la arrogancia, la confrontación con la ley y hasta la forma en que fue perpetrado, ya que es cierto que la cuarta urna y los fondos para financiarla fueron aprobados en Consejo de Ministros, pero la justicia hondureña la había declarado ilegal por lo que no solo es un acto de corrupción sino un abierto desafío a las leyes.
Con la misma vehemencia con que se ha exigido el esclarecimiento de aberrantes actos de saqueo de los fondos públicos, como el del IHSS y muchos otros más, esperamos en el caso del “carretillazo” un ejemplar y reivindicatorio accionar de la justicia para que los corruptos del pasado, del presente y del futuro sepan que tarde o temprano pagarán por sus fechorías.
