La humanidad comenzó el presente siglo acordando ocho Objetivos de Desarrollo, llamados del Milenio (ODM). Ellos, la reducción a la mitad de la extrema pobreza, la consecución de la enseñanza primaria universal para el 2015,entre otros, constituyeron un plan convenido por todas las naciones del mundo y las instituciones de desarrollo más importantes. Han servido para generar iniciativas en favor de los más pobres de la tierra.
Llamó la atención que entre dichos ODM no apareciera el empleo, cuya centralidad se reveló en toda su importancia a raíz de la crisis financiera de 2008, cuyos efectos siguen sintiéndose.
Conviene destacar que en 2003, en su propia versión de los ODM, el gobierno de Argentina incluyó la promoción del trabajo decente. Así justificaron su iniciativa: “Es vital para alcanzar los Objetivos del Milenio incorporar la dimensión del empleo en las políticas económicas y sociales que se pongan en práctica en los próximos años para recuperar el crecimiento y superar la crisis de inicios de los 2000. Por estas razones, se incorporó este nuevo objetivo, pese a que no fue considerado en la propuesta global. Se trata no solo de aumentar los niveles de empleo, apuntando a reducir la desocupación a cifras menores a dos dígitos, sino atender también al mejoramiento de las condiciones laborales y de la protección social vinculada al empleo”.
La humanidad está pronta a negociar la Agenda para el Desarrollo post 2015. Ya en 2012, los jefes de Estado y de gobierno del Sica indicaron: “Considerando que próximamente al plazo de vencimiento para conseguir las metas propuestas por los retos del milenio, la pobreza persiste en la región y continúa la inequidad, el hambre, la mal nutrición, la falta de trabajo y el empleo precario. (...) Acordamos avanzar hacia una Agenda para el Desarrollo, con posterioridad al 2015, que promueva el progreso social y económico incluyente. Dicha agenda deberá incorporar la generación de empleo productivo y trabajo decente como la prioridad más acuciante para impulsar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable”.
2014 es crucial para la formulación de esta agenda y, para los países miembros del Sica, está claro que la priorización del objetivo del empleo pleno y productivo y el trabajo decente habrá de contribuir a los esfuerzos por aumentar las tasas de crecimiento económico así como las cifras de la inclusión social.
Lo laboral es un catalizador ideal de las políticas económicas y sociales para combatir la pobreza, que deben ser parte de un menú de medidas integrado. Además, el trabajo ha sido, es y seguirá siendo el sustento del contrato social en el que se asientan nuestras democracias.
En los procesos electorales recientes -Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá- el empleo está en el corazón de las ofertas de los diferentes candidatos. Será importante que se mantenga en el mismo lugar cuando lleguen a ejecutarse los programas de gobierno.
En la región se ha tomado conciencia que el mercado de trabajo es el espacio en el que se vinculan la macroeconomía con el bienestar de los hogares, las decisiones de la política nacional con las estructuras más básicas de la sociedad, la democracia con la capacidad de progresar. Dicha toma de conciencia señala un derrotero para fortalecer el desarrollo de las democracias, las economías y las sociedades de nuestros países.
