Existe evidencia de que el reciente boom agrícola de Latinoamérica no se ha distribuido equitativamente entre los más pobres. Entre otras razones porque el mercado de trabajo rural tiene, por lo general, un mal desempeño. El funcionamiento de sus principales instituciones (formalidad, salario mínimo, sindicalización y negociación colectiva, protección social, tipo de empresas, entre otras) debe mejorar sustantivamente.
Dado que la pobreza rural ha disminuido muy lentamente en América Latina, entre 1980 y 2010 (de 60 por ciento de habitantes del campo pobres a 53 por ciento), se hace necesario revisar la efectividad de las políticas públicas económicas y laborales. En Guatemala, la creación de un Gabinete del Empleo conformado por los ministros de Trabajo, Economía, Agricultura, Educación, Comunicaciones y el Programa Nacional de Competitividad es una decisión en el sentido correcto.
A pesar del intenso proceso de urbanización y el consecuente aumento del peso del empleo urbano en los mercados laborales, Centroamérica es altamente rural y allí se genera mucha de su riqueza. Entre la mitad y un tercio de su Población Económicamente Activa se encuentra en el campo.
Los participantes del mercado laboral generan sus medios de subsistencia a partir del trabajo que realizan, por ello este debería ser la principal herramienta en el combate contra la pobreza. La generación de más y mejores empleos es la política más potente para que millones dejen de sobrevivir en la informalidad y puedan aspirar a prosperar en la formalidad. Lamentablemente hay demasiada informalidad en nuestros campos y demasiada informalidad afecta, en el campo, a las mujeres (especialmente si son trabajadoras temporeras y migrantes).
Uno de los mayores retos para quienes trabajan en nuestros campos es el acceso a la institucionalidad laboral y los servicios de apoyo productivo. En los campos coexisten una agricultura moderna y dinámica y otra marginal. Participar de una o de la otra marca enormes diferencias.
Los ministerios de Trabajo, por lo general, tienen baja presencia en las áreas rurales lo cual dificulta la plena vigencia de la normatividad que nuestros países se han dado con no pocas luchas. El acceso a la formación profesional y a cooperación para la mejora productiva es complicado en dichas áreas y a quien más afecta esto es a la juventud. Hombres y mujeres jóvenes se ven expulsados hacia las ciudades donde no siempre encuentran un ambiente adecuado para progresar y, no pocos, pasan a engrosar las filas de desocupados y se ven expuestos a delinquir para sobrevivir.
Hoy el comercio internacional busca cadenas productivas agrícolas que ofrezcan productos de calidad y que, además, no estén manchadas de trabajo infantil por ejemplo. Café, banano, piña han visto cómo sus prácticas laborales son observadas con cuidado ante, prácticamente, cada decisión de compra de los mercados internacionales.
En la agricultura no solo por razones éticas sino también por motivos económicos debe evitarse el trabajo infantil, la falta de respeto al pago del salario mínimo, que se vulnere el derecho de asociación o la libertad sindical, se hostigue a trabajadores y sus organizaciones y debe buscarse la reducción de las brechas de género. Ello no solo en las empresas establecidas comercialmente a nivel internacional sino en toda la cadena productiva con la que trabajan.
Para ello, es necesario que gobiernos, trabajadores y empleadores desarrollen propuestas para que el mercado de trabajo rural pueda, en un mediano plazo, funcionar mejor.
En el futuro de Centroamérica está la economía verde y al centro de esta debe estar el ser humano. No basta con reducir las emisiones de carbono, es indispensable reducir también la pobreza y la desigualdad, especialmente en el campo.
