La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo en enero de 2022 con grandes esperanzas de cambio después de años de autocracia bajo Juan Orlando Hernández. Sin embargo, su gobierno comenzó con problemas en el Congreso, donde dos juntas directivas competían por el poder. Esta crisis se resolvió en la Casa Presidencial, bajo la influencia de Manuel Zelaya, el esposo de Castro y expresidente.
Los retos institucionales son complejos. Para cumplir sus promesas, como derogar ciertas leyes controvertidas, Castro necesita negociar con actores políticos que a menudo buscan impunidad. Un riesgo es que el Ejecutivo controle al Legislativo, perpetuando la concentración de poder que ha afectado a Honduras en el pasado.
A pesar del contexto complicado, la llegada de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, parecía legitimar el nuevo gobierno. Sin embargo, la ceremonia de juramentación fue problemática, ya que el Congreso no tenía una junta directiva electa de manera legal.
La falta de quórum llevó a decisiones legislativas cuestionables, y las disputas internas dentro del Partido Libre, de Castro, evidenciaron una falta de unidad. Además, Castro criticó abiertamente a quienes se oponían a su propuesta de junta directiva, llamándolos traidores. Esto demuestra un uso del poder que podría socavar la democracia, ya que todas las decisiones tomadas durante esa crisis legislativa son consideradas inconstitucionales por expertos.
El gobierno de Castro también enfrenta el reto de lidiar con el legado de corrupción del anterior presidente, quien ahora se enfrenta a medidas judiciales en Estados Unidos.
A pesar de esto, el nuevo Congreso aprobó una ley que otorga impunidad a ciertos funcionarios del gobierno de Zelaya, justificando sus acciones como consecuencia del golpe de Estado de 2009. Es crucial que el gobierno de Castro no repita los errores antidemocráticos del pasado.
