La reciente emisión de un requerimiento fiscal contra el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros altos mandos de las Fuerzas Armadas, revive una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Honduras. Los crímenes señalados en el comunicado del Ministerio Público no son solo una cuestión judicial; son un recordatorio doloroso de las tensiones sociales, políticas y militares que marcaron el golpe de Estado de 2009, un episodio que dividió al país y dejó cicatrices profundas.
El 27 de junio de 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado que contó con el apoyo de figuras clave dentro de las Fuerzas Armadas. Desde ese momento, Honduras vivió una crisis política que trascendió más allá de las fronteras del país, siendo el mundo testigo de la polarización interna y la violencia desatada. Durante esa época, las protestas, principalmente en torno al regreso de Zelaya, fueron reprimidas con una brutalidad que ahora, a través de las investigaciones del Ministerio Público, se pone bajo la lupa judicial.
Las víctimas en cuestión, Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, jóvenes que se manifestaban pacíficamente, se convirtieron en símbolos de una violencia que muchos consideraron excesiva e injustificada.
Murillo Mencías, quien murió por un disparo en la cabeza mientras aguardaba el regreso de Zelaya; y Zavala Licona, quien sufrió lesiones graves, fueron víctimas de un aparato militar que, según la Fiscalía, actuó bajo órdenes directas de quienes estaban al mando en ese entonces. Los informes que señalan un uso desproporcionado de la fuerza, como el empleo de fusiles M16 contra manifestantes desarmados, refuerzan la acusación de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, lo que está en juego no es solo la justicia para los hechos de esa época, sino el reconocimiento de las lecciones que la historia debe enseñarnos.