Pocos recuerdos tengo del gobierno de Suazo Córdova. En realidad no me enteré cuando los magistrados de la Corte Suprema de aquel entonces fueron encarcelados (1985). El conflicto se desencadenó desde el Congreso Nacional.
En 1992, el abogado Oswaldo Ramos Soto fue destituido por el Congreso Nacional.
En diciembre de 2012, 97 diputados del Congreso Nacional vuelven a cometer los yerros del pasado, en una clara violación a la Constitución de la República, quebrantando el principio de legalidad e incurriendo en el delito de traición a la patria, destituyen a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Rodolfo Zelaya, propulsor de la moción de revisar la actividad administrativa de los magistrados, pecando de ignorante sin serlo, alega que la impartición de justicia tardía es una de las causas que motivaron la destitución.
Otros diputados a quienes se les entiende su ignorancia, pero no se les perdona, aducen que, quien puede lo más puede lo menos (a maiori ad minus), es decir, si el Congreso nombró, también puede destituir.
Sin embargo, para darles un poco de formación al respecto, déjenme decirles que los métodos de interpretación jurídica (como el señalado) se aplican cuando una ley no es clara y por tanto amerita su exégesis para desentrañar la intención del legislador. En el caso que nos ocupa, la norma jurídica es clara, establece mediante numerus clausus, que el Congreso Nacional nombrará sustitutos de magistrados cuando estos hubieren renunciado o muerto o se encuentren en incapacidad legal para el desempeño de su cargo. Verá usted que la facultad es de sustituir, no de destituir. Ninguno de los tres casos se materializó.
Se ha imaginado usted a un diputado desnudo, pues solo para recordarle, es igual que usted y que yo, también van al baño y algunos tienen mal aliento. Lo que quiero con esta inteligente apreciación (como dice un general) es poner en perspectiva que hombres comunes y corrientes, ignorantes unos y otros inteligentes, que juraron defender la Constitución de la República, son los principales responsables de que hoy nos encontremos en la condición de ciudadanos de un país sin República, dado que el Estado dejó de regirse por tres poderes independientes, para pasar a ser un sistema bicéfalo, que subyuga a la Corte Suprema de Justicia.
Esos diputados han puesto en peligro la institucionalidad, veremos si la Corte tiene la fuerza moral y ética para lograr rescatar su dignidad y la dignidad del país. El Ministerio Público tiene que amarrarse los pantalones.
