La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, declaró situación de emergencia mundial, por causa del covid-19.
En ese momento, muchos países iniciaron a tomar medidas para tratar de detener la propagación del virus, incluido el cierre de los espacios educativos en todos sus niveles, lo que llevó a paralizar, según Unesco, más del 90% de los sistemas educativos a nivel mundial.
Con la crisis generada por el covid-19, los sistemas de salud de varios países de América Latina y el mundo colapsaron en el primer “pico de la primera ola”; teniendo así los gobiernos, que reorientar los recursos económicos de algunos sectores, para atender el sistema de salud; y así combatir la pandemia.
La pandemia ha obligado a los gobiernos, a dejar a un lado reformas estructurales, y han iniciado planes contracíclicos que incluyen transferencias monetarias, subsidios salariales y oxigenación tributaria, para los hogares y la pequeña y mediana empresa, afectados por la paralización de los sistemas de producción y el consumo.
La emergencia mundial traerá como consecuencia la contracción de la economía, afectando directa e indirectamente varios sectores. Uno de los sectores que se verá afectado en América Latina será el sistema educativo en todos sus niveles, probablemente a través de la reducción presupuestaria, destinada a gasto corriente e inversión. En Ecuador ya se inició el debate, al anunciar el gobierno, un recorte a las universidades, de al menos US$ 900 millones para este año; en Costa Rica, el gobierno anunció un recorte para el sistema de educación superior de al menos US$ 110 millones, que ya se debate en el Congreso. En el caso de Honduras, el gobierno todavía no se pronuncia, respecto a la reorientación presupuestaria para las universidades públicas, probablemente debido a los embates que sufre, por los actos de corrupción que se ventilan en los medios de comunicación y que los tiene desgastados.
Sería injusto que el sistema de educación hondureño pague por la crisis del covid-19, a sabiendas que el Estado tiene una deuda de más de 30 años con el pueblo hondureño, al no invertir en la educación superior y reducir así la brecha de acceso de los jóvenes que finalizan educación media.
Es imperdonable para nuestros gobernantes, que nos han ofrecido en sus planes de gobierno, trabajo, seguridad, salud y educación, y lo que hemos recibido es pobreza y corrupción, como símbolo de cada una de sus gestiones.
Sería injusto que el covid-19 sea la excusa perfecta para seguir debilitando económicamente a las seis universidades públicas de Honduras, que ya se encuentran en una situación difícil económicamente y con un control de la gestión académica, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no les permite crecer y desarrollarse, con oferta académica e investigación, en función de la demanda social de Honduras.
Es injusto, que solo el 16% de los jóvenes, que finalizan educación media en Honduras, ingresen al sistema de educación superior, condicionándoles así, mejores condiciones de vida, empleos especializados y mejor remunerados, y a un desarrollo económico social sostenible.
Sería injusto que las universidades públicas no puedan brindarles un espacio en su oferta académica a los jóvenes que como consecuencia del covid-19 no puedan continuar estudiando en universidades privadas, al no poder pagar sus mensualidades.
Así pues, es momento para los tomadores de decisiones de aceptar muchas ideas con las que posiblemente no comulgaban y desechar otras en las que creían”. Es momento de aprender que necesitamos fortalecer y vincular el conocimiento de la academia con la industria y el Estado. Es momento de aceptar que esta pandemia ha desnudado nuestra pobreza, la situación precaria de nuestro sistema sanitario, la poca educación de nuestro pueblo, la debilidad y profunda corrupción de nuestras instituciones, pero además debemos aceptar la ineptitud de nuestros funcionarios.
