La vil ejecución de Cáceres, la madrugada del 3 de marzo pasado, nos hizo recordar la de Blanca Jeanette Kawas, ocurrida el 6 de febrero de 1995, durante el régimen del fallecido Carlos Roberto Reina, quien había cedido títulos de propiedad a campesinos y empresarios en la reserva de Punta Sal.
Kawas, otra defensora de la flora y la fauna, fue ultimada de un disparo por dos bandidos. Su crimen lo habría planeado un militar que murió hace dos años. Su caso jamás fue aclarado ni nadie paró en la cárcel. En mayo de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado hondureño por su deceso.
El asesinato de Cáceres sería hasta ahora de los pocos esclarecidos por las autoridades tras la captura de cuatro hombres, dos militares (uno en retiro), el gerente de una sección de una empresa hidroeléctrica y un joven de 25 años, quien confeso ser el gatillero.
El trabajo apoyado por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) resulta indubitable, según Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quien sin tapujos dijo que a Cáceres la mataron “por su trabajo”.
Las “pruebas científicas” hunden a los inculpados, pero la gradual cultura de la duda abonada por políticos inescrupulosos hace creer a la población que todo es un “show” mediático y, que al final de cuentas, los detenidos son inocentes.
Los casos de Cáceres y Kawas nos evocan a Alejandro Motiño Zavala, edecán del expresidente Manuel Zelaya Rosales, liquidado el 27 de junio de 2007. Zelaya Rosales brincó por la muerte de Cáceres olvidando el “crimen político” de su espía que sigue impune. “Si quieres tener éxito debes respetar una regla, nunca te mientas a ti mismo”, Paulo Coelho.
*Periodista
