La oposición radical a las zedes, se produce, desde el 2013 en que su Ley se aprobara. Continua y se profundiza, cuando la administración anterior las promoviera, terciando la aprobación que les otorgara la Corte Suprema de Justicia en Junio del 2021. Es inaceptable la configuración de prerrogativas que se les otorgare a instituciones que las conforman, con oficios que son exclusivos de los poderes legislativo y ejecutivo. La suplantación de la función jurisdiccional por otros sistemas judiciales extranjeros es una posibilidad que de raíz debe rechazarse. Es entendible. Interferir en las actividades propias del Poder Judicial Hondureño es algo que no podemos permitir. Esa Ley lo hace y es uno de los puntos de conflictividad que se presentan y nos paralizan hacia el crecimiento. Como partes del territorio nacional, las zedes se ofrecen sometidas a un “régimen especial” que como ciudadanos nos alerta y altera. A cuenta de que, quedan empoderados inversionistas extranjeros a implementar, supervisar y aplicar justicia en materia fiscal y de seguridad, entre otros? Pero sin duda, la generación de empleo que propician es un tema a considerar que no puede soslayarse. Ni en tiempos de bonanza, menos ahora en que el desempleo y el subempleo, laceran el tejido social de tal forma, que son unos de los más graves problemas socioeconómicos en sí mismo y acicate para otros peores. Y de profundización acelerada. Tenemos enfrente, arbitrajes que como en cualquier litigio, no hay seguridad de que nuestra pretensión sea favorecida y en adición, la pérdida de empleos. Es que debiera estarse haciendo todo lo humanamente posible para no perder ni uno solo. Ni en zedes, ni en las maquilas ni en el mas humilde rubro informal. No podemos perder ni arbitrajes ni empleos. Es urgente se establezca un mecanismo de conciliación entre ambas partes que genere la compatibilidad de las zedes con los intereses nacionales. Que no lesionen nuestra soberanía y que conserven los empleos y generen otros.
