La arbitrariedad de funcionarios públicos, los más obligados a respetar la ley y a promover sea respetada porque juraron “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, y la opacidad que imprimen a la administración de la cosa pública, nos daña a todos. ¿Qué hacer para que en Honduras se cimiente una cultura de la legalidad? No debiéramos estar soñando con la aplicación de la ley sino viviéndola como algo natural y ordinario, no como eventos extraordinarios.
La legalidad no es algo etéreo, sino la cualidad de legal que posibilita el ambiente propicio para desarrollarnos. Somos constituidos como un Estado de derecho, no lo somos. Lo cotidiano ve conculcadas las libertades públicas. ¿Cómo arraigar una cultura de la legalidad? Sin desmotivarse, porque no dará resultados inmediatos y requerirá el concurso de todos los sectores.
La implantación de una cultura de la legalidad en nuestro país exige integralidad de propuestas, actores y acciones. Desde la niñez se debe fomentar el conocimiento de las leyes y que la legalidad sea modo de vida, el propicio para superarnos y contribuir de manera efectiva al engrandecimiento de nuestro país. Facilitar el acceso a la justicia y extender la asistencia legal gratuita; la promoción de los valores en forma permanente, enseñarlos en la escuela, en el hogar, en los espacios públicos. Hacer campañas publicitarias, sí, para que se interioricen y no se olviden.
Exigir en forma constante la rendición de cuentas y el manejo transparentes de lo público, que debe ser público. Nada de la secretividad con que se pretende ocultar la corrupción.
El combate a la corrupción y a la impunidad es eje; hay que condenar toda malversación de los recursos públicos y exigir a la institucionalidad, efectividad en la búsqueda de la verdad y castigo del delito. Los medios de comunicación están llamados a promover el debate tan ausente en nuestra democracia. Son retos que no pueden asumirse en forma aislada, sino juntos y en forma sostenible.
