La carta de los representantes de las municipalidades del departamento de Gracias a Dios no deja dudas. “El departamento... ha sido olvidado por los diferentes gobiernos del Estado de Honduras... (su) población han (sic) reclamado al Estado... por sus derechos, que haya mayor inversión para mejorar sus condiciones de vida, incrementar la inversión... en el sector salud, construcción de hospitales, centros educativos, mejoramiento de las pistas de aterrizajes para bajar el precio del transporte aéreo, construcción de la red vial terrestre que conecte entre los municipios... mejoramiento de la red fluvial con el fin de bajar el precio del transporte público, mejora de la producción agropecuaria, acceso a energía eléctrica, subsidio al transporte público, acceso a la universidad pública y otros... la construcción de una cárcel de emergencia... no beneficia en nada a la población del departamento...”.
Sus claras líneas coinciden, sustancialmente, con las expresiones de su representante en el Poder Legislativo, Erika Urtecho y con las de la líder misquita, Mirna Wood, sobre la construcción de un centro penal de alta seguridad en sus territorios.
La respuesta es un rotundo “NO”, “NO en La Mosquitia”.
Históricamente abandonados a su suerte, los territorios ubicados al extremo oriente del mapa de Honduras tienen hasta ahora un bajo nivel de desarrollo de infraestructura y servicios esenciales de transporte, agua y energía. La satisfacción de sus derechos humanos ha sido deficitaria y ausente. Muy pocas veces escuchamos sobre ellos, excepto cuando se habla de tormentas, huracanes y otras catástrofes sociales (hambruna), o si ocurre un suceso violento, vinculado a actividades del crimen organizado en la zona. Su población, y mayoritariamente nativa -misquitos, tawahkas, pech o garífunas-, y sus particulares necesidades no se ven ni reflejan en las encuestas de opinión pública, de las cuales suelen excluirse de la muestra, por no ser “representativos”, estadísticamente hablando.
No obstante, su estatus socioeconómico es revelador del trato que nuestro país ha brindado a sus poblaciones originarias y afrodescendientes. Basta conocer el drama de los buzos misquitos y la respuesta estatal para saber la profundidad de la tragedia que rodea a esta región, cuyo nombre evoca lejanía y otredad.
Para agregar más “inri” a sus infortunios, la improvisación gubernamental ante una problemática de inseguridad que requiere soluciones integrales y no solamente efectistas, se ha propuesto legarles la construcción de un reclusorio cuya edificación es en sí misma una afrenta. Como si la desatención republicana de más de 200 años no fuera poca cosa, ahora los criollos herederos de hidalgos quieren revivir la intrusión colonizadora y la burla inglesa del siglo XIX con el Rey Mosco, imponiéndoles un pesado lastre que no solo insulta su herencia y dignidad sino su futuro, ofreciéndoles nuevos espejitos, cuando lo único que debe hacerse es respetarles. Con una consulta previa, libre e informada, como las leyes mandan.
