En las últimas semanas, se viene discutiendo el efecto que tendrá la entrada en vigencia de la nueva ley de la Unión Europea para combatir la deforestación asociada a ciertos productos importados, incluyendo el café. Esta normativa busca que todo el café importado a la Unión Europea provenga de parcelas libres de deforestación, siempre y cuando hayan sido establecidas después del año 2020, lo que implica nuevos requisitos y controles para los actores de la cadena de suministro del café. La implementación efectiva de esta ley, según ellos, será clave para lograr el objetivo de reducir la deforestación asociada al consumo europeo. Según los europeos, en el aroma de cada taza de café que disfrutan en Europa se esconde una historia de deforestación y pérdida de biodiversidad.
Estoy de acuerdo en que la expansión de los cafetales ha contribuido a la pérdida de bosques en algunas regiones. No obstante, los europeos parecen olvidar convenientemente su propia responsabilidad en la crisis climática global. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la industria y el sector energético europeo siguen siendo significativas. Mientras señalan con el dedo a los productores de café y otros rubros del sector agrícola, la Unión Europea quiere cumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones a costa de los que les venden la materia prima y que luego ellos la industrializan. Esta nueva ley, que fue aprobada el 29 de junio de 2023, con un período de transición de 18 meses para grandes empresas y 24 meses para pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque loable en sus intenciones, plantea interrogantes cruciales sobre su implementación y consecuencias para los productores de café a lo largo y ancho de Honduras. Antes del escenario surge la pregunta: ¿Quién pagará el precio del café sin deforestación? Los pequeños productores, que representan a más de 100,000 familias en Honduras, se encuentran ahora ante un desafío monumental. Estos productores, a menudo con recursos limitados y técnicas de cultivo tradicionales, deberán adaptarse rápidamente a nuevos estándares y requisitos. La pregunta es: ¿Están preparados cultural y técnicamente para cumplir con estas exigencias?
La realidad es que muchos de estos productores carecen de los medios para implementar sistemas de trazabilidad selectiva o para certificar que sus cultivos no contribuyen a la deforestación. El costo de estas adaptaciones podría ser prohibitivo para muchos, amenazando su sustento y el futuro de comunidades enteras que dependen del café.
Existe el riesgo real de que esta ley, diseñada para proteger los bosques, termine por marginar a los productores más vulnerables, ya que en Honduras muchas de las instituciones que están vinculadas con el rubro son elefantes blancos y lo que les interesa es cómo sobreviven a costa de los productores.
