“Quien se opone a la construcción de la cárcel es el crimen organizado”, esas han sido, entre otras, las declaraciones del ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina. Eso es casi como pronunciar la sentencia bíblica de que “el que no está conmigo, contra mí está”, expresión típica de gobiernos antidemocráticos que se basan en la razón de la fuerza y no en la fuerza de la razón.
Uno de los estribillos del discurso de la administración actual, en defensa de su gestión, es que, “quien no criticó al narcodictador, no tiene derecho a criticar al actual régimen”, aun cuando muchas de sus prácticas sean similares.
La construcción de esa cárcel se anunció, por parte del Ejecutivo, antes de hacer los estudios de impacto ambiental, lo que significó que el ministro Lucky no tuviera otra alternativa que dar a conocer, hace apenas cuatro días, el informe final del documento elaborado por un grupo de 40 expertos certificados -certificados no sabemos por quién- donde, como era de esperar, se da vía libre para la construcción de la mencionada cárcel.
Primero se aprueban las obras y después se hacen los estudios sobre la sostenibilidad de estas. La Coalición Ambiental de Honduras (Coah) ha rechazado la licencia otorgada por considerar que la misma aprueba un proyecto que podría significar pequeñas islas flotantes de basura y la presencia humana, más allá de las capacidades del entorno natural. Lo mismo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha hecho una “alerta temprana” advirtiendo sobre el peligro que se cierne sobre los derechos humanos, en ese mismo sentido se ha pronunciado el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh).
Si los problemas medio ambientales y de derechos humanos, en la construcción y puesta en funcionamiento de ese centro presidiario en Islas del Cisne es cuestionable, igual, para muchos entendidos, es insostenible desde el punto de vista financiero. La famosa cárcel de Alcatraz, situada en una isla rocosa en la bahía de San Francisco, California, Estados Unidos, fue cerrada en marzo de 1963 por Robert Kennedy siendo procurador general de la nación, alegando los altos costos de mantenimiento y administración. Hoy ese centro penitenciario es un museo público gestionado por el Servicio de Parques.
Similar situación se dio con la cárcel de Islas Marías, en México, este centro fue cerrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2019, por la misma razón del cierre de Alcatraz: altos costos y vulneración de los derechos humanos. La cárcel estaba situada a 112 kilómetros de tierra firme.
Históricamente, Honduras, en muchos temas, cuando autoridades de otros países ya vienen de retirada por experiencias fallidas, los gobiernos hondureños van al encuentro repitiendo esas experiencias fracasadas. Por otro lado, hay que tener presente, más allá de la motivación que tenga la actual administración por la cárcel en Islas del Cisne, que una política de seguridad no puede basarse únicamente en el castigo. Una estrategia de seguridad debe ser integral y debe promover el desarrollo humano
