En una redacción rápida, tal vez no tan exhaustiva, recapitulamos lo que el gobierno actual, actuando a nombre de todos, tiene aún pendiente cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En agosto de 2023 se acordó el programa económico con una duración de tres años a financiarse con dos de las varias facilidades crediticias que aplica el Fondo, que son el EFF, Extend Fund Facility (Servicio ampliado del Fondo), y el ECF, Extend Credit Facility (Servicio de crédito ampliado). Estas “facilidades” consisten sencillamente en más prestamos. A cambio, hay que cumplir en fechas determinadas con las siguientes condicionalidades o metas: incrementar la inversión pública productiva a un equivalente entre 4% o hasta 5.3% del PIB especialmente en los sectores energía, vialidad y salud. En una reciente evaluación PIMA (Public Investment Management Assessment) realizada por el BID y el FMI, Honduras fue calificado con muy graves indicadores de eficiencia. En 2024, apenas se ejecutó la mitad de la inversión pública productiva. Además de ejecutarla satisfactoriamente, hay que aumentar el monto de la inversión. Entonces, la inversión pública productiva tendría que estar entre US$1,300 y US$1,850 millones por año, y superar los actuales US$920 millones. En otras palabras, y al tipo de cambio actual, significaría pasar de los 23,000 millones de lempiras a un rango entre 34,000 a 45,900 millones de lempiras.
Precisamente, un compromiso clave es limitar el gasto corriente (excluyendo gasto social y pago de intereses) para posibilitar el aumento de la inversión. En general, el gobierno no lo ha cumplido y no se ven señales claras de cambio en el último año de administración.
Estabilizar el déficit fiscal al 1% del PIB parece ser factible pero el problema siempre es el cómo. Dentro de las reformas estructurales para apoyar la política fiscal por el lado de los ingresos figura la eventualidad de alcanzar la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Tributaria. El FMI ha avalado dicha aprobación soslayando los conflictos internos y las debilidades técnicas del proyecto. Las reformas tributarias son necesarias, pero tienen que ser integrales y tienen que ir mas allá de la revisión técnica de las actuales y futuras exoneraciones fiscales.
Otros compromisos consisten en reformas para mejorar la gestión fiscal y el área de financiamiento (mercados locales de deuda); políticas de endeudamiento público a corto y mediano plazo, se cumplen parcialmente con algunas formalidades, pero, se incumplen en cuanto a cuestiones esenciales como seguir contrayendo más compromisos a tasas de interés no concesionarias; el FMI obligó a no continuar el financiamiento monetario del BCH, como ocurrió en 2022. Tampoco se ha cumplido con la aprobación de una nueva ley especial para fortalecer la cuenta única del tesoro (calendarizada para marzo de 2024). Se desconoce si se ha cumplido con la creación de un sistema único de información del sector social ni tampoco el censo de hogares urbanos en extrema pobreza.
En cuanto a la política monetaria, un compromiso básico es lo relacionado al tipo de cambio, sobre el cual, el FMI suele presionar a todos los gobiernos para que se inclinen a devaluar la moneda basado en dos criterios simples: a) encarrilarse en emparejar la inflación externa con la interna haciendo el ajuste cambiario; b) determinar el precio de la divisa o tipo de cambio del dólar en lempiras de acuerdo a la oferta y la demanda de divisas y, simultáneamente, de acuerdo al nivel de las reservas internacionales. Inflación y devaluación siguen retroalimentándose.
