Desde el escándalo por corrupción, desatado en el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), planificado y ejecutado desde las cumbres del poder político en los últimos 12 años, donde Honduras se consumió en un saqueo sin precedentes, y que se creó todo un aparato exclusivo para la corrupción, desde contratos que estaban fuera de presupuesto, desvío de fondos, tributos retenidos, pero no declarados, deudas y ausencia de control interno y mil artimañas más, a fin de desbaratar la Seguridad Social de la ciudadanía hondureña, así como una clase política ética y moralmente en busca de llenar sus bolsillos de más dinero.
Con el dinero de los derechohabientes se enriquecieron personas funcionarias, empresarias y engrosaron las cuentas de los partidos políticos, “quienes calladitos se veían más bonitos” en la orgía criminal del mayor robo en la historia de Honduras.
Desde ese entonces, el IHSS entró en decadencia, bodegas vacías de medicamentos, retrasos descomunales en los pagos de incapacidades y la mediocre calidad de los servicios de atención sanitaria. Una institución quebrada por la inoperancia, el robo y la política que como una peste se incrustó de las emergencias del Seguro.
Con el cambio del “gobierno socialista democrático”, se empujó la esperanza para levantar ese elefante blanco caído y reanimarlo con oxígeno que aplicaría la presidenta Castro, donde se nombró a especialistas capaces a darle vida, con médicos que entienden el dolor de la población. Sin embargo, todos los que asumieron esa tarea fueron cayendo, uno a uno; el último ha sido el Dr. Carlos Aguilar, que se convierte en el tercer director ejecutivo durante la gestión de Libre. La primera persona nombrada fue Adriana Zúniga, quien estuvo al mando por dos meses en 2022 y luego José Gaspar Rodríguez, desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 5 de enero de 2024.
El doctor Carlos Aguilar anunció su dimisión como director del IHSS debido a la “falta de respaldo político” para su proyecto de edificar nuevos hospitales en beneficio de los asegurados. Acotó en medio de una ola de ataques entre miembros de la cúpula de Libre que “encontré una resistencia insuperable y una falta de apoyo que ha impedido la realización de esta misión tan necesaria”, expresó en una conferencia de prensa.
Parece casi una declaración de campaña abierta o de enemistad fría contra el poder central que lo llevó allí, o una realidad que todos sabemos cómo se mueven los intereses políticos para encubrir la corrupción institucional que mal gobierna el país y toda la calamidad sanitaria que nace bajo las piedras, cuando se politiza la salud de un pueblo. Y aún peor: politizar el dolor de la gente; cuando la salud es un derecho fundamental y universal que debe ser protegido y garantizado por los gobiernos. No obstante, le han convertido en un instrumento de política con secuelas fatales. La politización sanitaria es el cáncer que termina en corrupción.
Muchos activistas son colocados en salud, no solo afecta la eficacia de las respuestas a emergencias sanitarias, sino que también tiene un impacto generalizado en la ciudadanía que busca sanar en instituciones donde la medicina es peor que la enfermedad y las recetas se convierten en un coctel exacerbado a la crisis sanitaria.
Es crucial que este gobierno mantenga la integridad y la objetividad -por lo menos en la gestión de la salud-. Las decisiones deben basarse en la mejor evidencia científica disponible y en el bienestar de la población, no en agendas políticas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son fundamentales con miras a construir sistemas de salud confiables y eficaces.
La salud de las personas debe estar por encima de la política. Que se mantenga libre de influencias políticas que puedan comprometer su eficacia y su equidad. Solo así podremos enfrentar los desafíos de salud efectiva y justa.
