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Este año 2024, que agoniza entre luces y discursos ahuecados por el populismo del fracaso, no fue más que la revelación de las profundas grietas que resquebrajan el sistema político de Honduras, expuesto con todas sus vergüenzas de podredumbre por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al revelar la Lista Engel, que incluye a actores corruptos y antidemocráticos en el país.
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Según el informe del Departamento de Estado bajo la Sección 353, los hondureños incluidos son: Sonia Marlina Dubón: magistrada de la Corte Suprema de Justicia, adscrita a la Sala Constitucional. Según el Departamento de Estado de EE. UU., Dubón “socavó los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para debilitar el Estado de derecho”.
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Ebal Jair Díaz Lupián: exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022). El Departamento de Estado asegura que “incurrió en corrupción significativa mientras ejercía su función oficial al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a brindar vivienda a los hondureños afectados por los huracanes Eta y Iota”.
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Lourdes Pamela Blanco Luque: abogada privada. Según el Departamento de Estado, Blanco Luque “socavó los procesos o instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos para que actuaran de acuerdo con sus intereses y al utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para ejercer influencia”.
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A esta calamidad moral de funcionarios públicos, se suma la violencia e inseguridad, la migración descomunal, la impunidad y la escandalosa politización de la justicia, carcomiendo el Estado de derecho y la democracia, mientras se enfrentan desafíos significativos, caracterizados por una débil institucionalidad, la concentración del poder en pocas manos y la falta de transparencia en los procesos políticos; dando paso a la corrupción y la impunidad, socavando la confianza ciudadana en las instituciones y limitando el ejercicio de los derechos políticos.
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Corrupción e impunidad: sigue siendo un problema endémico en Honduras, permeando todos los niveles del gobierno y afectando la prestación de servicios públicos. La impunidad es la norma, lo que fomenta la continuidad de prácticas corruptas y la falta de rendición de cuentas.
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Desigualdad social y económica: sigue siendo un rasgo distintivo de la sociedad hondureña. La concentración de la riqueza en pocas manos, el acceso limitado a oportunidades y la falta de inversión en educación y salud agravan las brechas sociales y generan un ambiente de tensión y conflicto.
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Movilización social: la sociedad civil ha demostrado una gran capacidad de organización y movilización, exigiendo justicia, transparencia y un cambio en el modelo de desarrollo.
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Presión internacional: la comunidad internacional ha mantenido la mirada puesta en Honduras, exigiendo avances en materia de derechos humanos y transparencia.
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Al mismo tiempo que el gobierno familiar da por finalizado el acuerdo de extradición, justo en el ojo de un huracán de narcovideos que comprometen la estirpe presidencial. Por otro lado, la larga espera y la farsa quedó al desnudo al dilatar la llegada de una misión de lucha contra la corrupción, CICIH, una vieja promesa de la presidenta Castro.
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Perspectivas hacia el 2025: para superar la crisis que atraviesa Honduras, es urgente un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales en una lucha sin concesiones contra la corrupción y la impunidad, promover la inversión, y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos en una búsqueda de soluciones sostenibles en medio del caos, que persiste como uno de los desafíos estructurales que obstaculizan el desarrollo de un país, que desde hace tiempo enfrenta diferentes amenazas.
