Las sanciones internacionales son una práctica aprobada a nivel global, como una forma de presionar a un Estado de manera pacífica para que cese en prácticas antidemocráticas, corrupción y se respeten los derechos humanos, en términos generales. Sin embargo, no siempre logran el efecto que se espera y la resistencia puede llegar a ser un auténtico desafío.
No se trata de algo nuevo o novedoso, aunque sí estamos viendo que es el camino que se utiliza cada vez más en nuestra región latinoamericana, en donde los regímenes autoritarios atropellan los derechos ciudadanos y se consolidan en el poder por medio de la manipulación de la información, el control de la justicia y el uso de la fuerza pública contra la ciudadanía cuando se producen explosiones sociales y protestas.
La historia nos permite ver respectivamente las sanciones contra Cuba, cuando se instauró el régimen comunista que limita absolutamente las libertades individuales; luego han sido una herramienta en contra de otras dictaduras, especialmente las de Venezuela y Nicaragua, así como en países con regímenes autoritarios, como pueden ser los casos recientes de Guatemala y El Salvador.
En el caso de Cuba las sanciones, dictadas especialmente por Estados Unidos se dictaron contra la nación completa y muchas de ellas persisten desde mediados del siglo pasado, aunque se han flexibilizado. En el caso de Venezuela y Nicaragua hay una mezcla de sanciones por los excesos de las dictaduras de Nicolás Maduro –heredero de Hugo Chávez– y Daniel Ortega, respectivamente.
Lo interesante es que se han agregado sanciones especiales para algunos de los funcionarios de esos gobiernos por las violaciones cometidas. En fin, son los tres casos extremos del subcontinente latinoamericano.
Un caso que llama la atención en este momento es el de Guatemala, que ha unido a gran parte de la comunidad internacional para sancionar los intentos que se han dado para impedir el cambio democrático del gobierno. De hecho, aunque muchos funcionarios del sector justicia llegan hasta mofarse de las sanciones impuestas y continúan con sus acciones desafiantes, pareciera que el ascenso a la presidencia de parte de Bernardo Arévalo no podría haberse producido sin la intervención decidida de Washington, la Unión Europea (UE), la OEA y, más recientemente Canadá.
La lluvia de sanciones contra los personajes más oscuros y señalados por prácticas “antidemocráticas y corruptas” que han socavado y debilitado la democracia de esta nación centroamericana, han permitido que amplios sectores de la sociedad puedan ver los objetivos de los personajes –casi todos funcionarios–, quienes actúan en base a sus intereses oscurantistas y particulares, vinculados a estructuras que operan desde las sombras.
Estados Unidos ha retirado la visa a más de 350 guatemaltecos –exfuncionarios, jueces, fiscales, diputados y particulares–, mientras que al menos a uno de ellos, Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, se le ha elevado la sanción de acuerdo con la Ley Global Magnitski, que sí afecta casi todas las actividades financieras de los “castigados”.
Pero la virtual lluvia de sanciones no ha quedado solo en lo que hace Washington, algunos de los señalados por EEUU se han sumado a listas de la UE y, recientemente, Canadá anunció un primer grupo de sancionados. Ahora, nada menos que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien es la encargada de la persecución penal, ha acumulado tres sanciones, porque su nombre es el único que aparece en cada una de las listas conocidas hasta ahora.
Como los implicados suelen decir que aparecer en la Lista Engel del Departamento de Estado, es una especie de “condecoración”, pues Porras es la única fiscal general latinoamericana que tiene las tres “medallas”, aunque se resiste a renunciar, como lo solicita el presidente Arévalo y gran parte de la sociedad civil de este país.
En resumen, es posible que la resiliencia de los funcionarios a cesar en las acciones de corruptela o violaciones a los derechos humanos haga parecer que las sanciones no alcanzan para detenerles –actitud que se ve también en Venezuela, Nicaragua o El Salvador–, pero llevan el mensaje de que tarde o temprano deberán responder por sus actos.
El señalamiento no puede ser “por intereses políticos”, como algunos sostienen, porque llega de países que, en estos casos mencionados, solamente defienden la democracia y los derechos ciudadanos para una mejor convivencia nacional e internacional.
Claro que lo mejor sería, en el caso de Guatemala, elevar algunos de los sancionados al nivel de castigos que contempla la Ley Magnistki y no dejar únicamente la sanción en la cancelación de visas. Lo que sí está comprobado es que son válidas estas sanciones cuando se afecta la democracia y los derechos de las personas, porque, además, llegan acompañadas por el escarnio social.
