Las crisis superpuestas en el Estado de Honduras tienen como causa determinante a los políticos y funcionarios corruptos.
El poder económico del narcotráfico ha promovido a grados superlativos de la corrupción y la impunidad invadiendo los tres poderes del Estado, creando un complejo conflicto que lleva a desestabilización, confrontación y violencia, surgiendo un debilitamiento institucional y fractura del Estado de derecho cuyas consecuencias son imprevisibles e impredecibles que, de no resolverse oportunamente esta deshonra tanto jurídica como política, socava los regímenes democrático, económico y social.
La presidenta Xiomara Castro cometió un grave desaguisado, contrario a la razón, un acto de injusticia, al dar por terminado el tratado de extradición con el Gobierno de Estados Unidos de América, exponiendo su real identidad en la parcialización, encubrimiento y protección con los que ejercen la narcoactividad nacional e internacional. Traerá graves consecuencias, de no recapacitar.
En lugar de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, el Gobierno de Honduras debe reforzar su cooperación con organismos internacionales para enfrentar el narcotráfico. Esto incluye el intercambio de inteligencia y la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para garantizar el éxito. La justicia hondureña, por ahora, es incompetente para neutralizar la narcoactividad.
Pero bien, la presidenta erróneamente decidió quitar la protección a 10 millones de personas, mejor dicho, a toda la población hondureña. Es inaceptable como estadista.
Los hondureños hemos vivido inmersos en la industria de la corrupción del narcoestado de Juan Orlando Hernández, y ahora, agravando este problema, el atrapamiento y apropiamiento de las Fuerzas Armadas y policiales para su servicio personal e incondicional.
Urge cambiar el rumbo del país, Honduras se hunde gobierno a gobierno, es necesario enderezar lo torcido y sanar lo enfermo y fortalecer el desarrollo económico y bienestar del pueblo.
Es oportuno proponer un diálogo nacional entre diferentes sectores del país y forjar un acuerdo para controlar la violencia política y la crisis cultural de corrupción que incide directamente en la población, en los electores, y especialmente en la niñez y juventud, cuyos perjuicios son invaluables.
Urge hacer a un lado la corrupción y caminar hacia los valores morales y éticos; y considerar el grave daño que se les está haciendo a las nuevas generaciones, ellos están creciendo y desarrollando conceptos de paradigmas propios de la corrupción.
En cuanto a los electores deben ser conscientes de que en sus manos está el futuro de Honduras, por lo tanto, deben hacerlo con responsabilidad escogiendo candidatos predecibles y de trayectoria limpia en lo ético y moral.
Concluyentemente, los políticos y funcionarios corruptos deben ser sometidos a la justicia y paguen por sus hechos y restituir lo robado.
Finalmente, sin Dios y sin justicia no habrá paz para Honduras. Queda planteado.
