En los años 60, Gary Becker, Premio Nobel de Economía (1992), se conducía en su carro hacia la Universidad de Columbia para desarrollar una actividad académica en dicha institución. Según su relato, llegaba tarde y tenía que decidir si esperar a dejar el carro en el estacionamiento o en la calle. Si lo dejaba en la calle, corría el riesgo de ser multado por estacionar en un lugar que era prohibido. Como buen economista, calculó la probabilidad de ser multado, el monto de la multa y el costo que tendría dejarlo en el estacionamiento oficial. Después de su análisis, decidió dejar su carro estacionado en la calle y, tal como él pensó, no lo multaron.
En su recorrido hacia el aula, se le ocurrió pensar que las autoridades de la ciudad habían actuado mediante un análisis similar al que él usó. La frecuencia de las inspecciones a los carros estacionados y el monto de la multa impuesta a quien violara la ley estaba en correspondencia con las estimaciones que otros infractores como él harían de la situación.
De esta experiencia sencilla de la vida cotidiana, Gary Becker formuló una de las principales teorías de la economía, aplicadas a diversos ámbitos de la vida en sociedad. Uno de los campos de aplicación es la seguridad.
En el caso de la seguridad, planteó que los criminales actúan fundamentalmente usando las variables de costo-beneficio sobre su actuar delictivo. Argumentó y “demostró que la probabilidad de que un delincuente cometa un crimen depende primero y principalmente de la certeza de que lo atrapen; segundo, de que lo condenen y, por último, de la pena que le otorguen.”
Veamos un poco lo que está pasando en Honduras:
En el mes de enero de 2013 se desarrolló una evaluación del Ministerio Público. Este estudio refleja un aspecto de vital importancia que favorece el clima de impunidad en nuestro país. Se sostiene que el Ministerio Público actualmente dirige pocas investigaciones delictivas.
Este informe presenta datos estadísticos proporcionados por la Unidad Nacional de Depuración de Expedientes, en el período comprendido del año 2008 al primer semestre de 2012. Dentro de esos datos sobresale que de las 237,988 denuncias remitidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), con Requerimiento de Investigación, únicamente 51,964 volvieron al Ministerio Público con informe de investigación. Esto quiere decir que se quedaron sin informe de investigación 186,024 denuncias, sin que el Ministerio Público exigiera una respuesta inmediata para tomar las decisiones oportunas que les permitiera judicializar un caso. Pero también plantean el fenómeno a la inversa: la Policía no hizo suficientes esfuerzos para investigar los casos y presentarlos a la Fiscalía para que se judicializaran.
Un par de meses después comparecieron ante el Congreso Nacional varios funcionarios públicos para explicar su responsabilidad en el crecimiento de la inseguridad en Honduras. Sobre este acontecimiento hay dos datos que causaron cierta alarma de la población.
En primer lugar, que el fiscal general del Estado reconociera que “en el Ministerio Público actualmente solo se investiga el 20% de los delitos y denuncias y que el otro 80% queda en total impunidad”.
En segundo lugar, que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia revelara que al menos 33,000 de 46,000 personas que han sido acusadas ante los tribunales de justicia gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Tal como están las cosas, en Honduras cometer un crimen es un buen negocio: las posibilidades que al criminal lo investiguen son de un 20%, las posibilidades de que lo atrapen son menores, y si tiene “mala suerte”, las posibilidades de una condena dura son casi nulas.
Si reconocemos que no todo lo relacionado con la inseguridad tiene una explicación racional, hay que reconocer que en Honduras gran parte de la explicación de la alta tasa de criminalidad se debe a la impunidad. Y además: que la impunidad al estilo Honduras tiene que ver con la tesis del premio Nobel Gary Becker.
El aporte de este economista implica darnos cuenta que hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de delitos que una persona cometa y las posibilidades que lo atrapen y luego lo condenen.
La inseguridad es un fenómeno complejo. Como tal tiene múltiples causas. No existe una única causa que explique la mayoría de los delitos. Por esta razón, una política pública de seguridad debe abordar la complejidad del fenómeno. Vale decir, debe visualizar la complejidad de las causas.
Una buena política pública de seguridad debe pensarse para mediano y largo plazo. Pero aparte de este atributo, se debe agregar que una buena política de seguridad debe estar impregnada de una mirada sistémica e integral. Sin duda que los aportes de Becker arrojan luz para pensar en una sociedad con mayores niveles de seguridad, pero también es cierto que esa es tan solo una pata de la mesa. Por ello, se deben establecer estrategias claras que permitan no solo el castigo sino sobre todo la prevención del delito.
Vale decir, si aspiramos a tener una sociedad más justa debemos pensar en tener una sociedad menos desigual, más incluyente. Debemos generar estrategias que permitan incluir a más personas, reducir la marginalidad y la pobreza. Porque no existe ninguna duda que la criminalidad y la violencia son causa y efecto de la pobreza. Una Honduras más segura debe requerir una Honduras menos desigual.
