La toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero, eleva los niveles de alarma en los países expulsores de migrantes, ante las amenazas del nuevo mandatario de ordenar desde el primer día de sus funciones el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, y un programa masivo de deportaciones.
La aplicación de tales medidas ha hecho que las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Honduras, Xiomara Castro, se hayan referido en las últimas horas al tema, la primera, anunciando una reunión de cancilleres del continente americano, y la segunda, exponiendo que si las amenazas de Trump se concretan, la base militar que el país norteamericano opera desde 1982 en Palmerola, Comayagua, “perdería toda la razón de existir en Honduras”.
Ante la inminente aplicación de las políticas migratorias por parte de Trump, los países expulsores de migrantes, como Honduras, no tienen más que activar sus aparatos diplomáticos para buscar las avenidas de acuerdos que lleven a asegurar el respeto de los derechos de todos y cada uno de los migrantes que residen en Estados Unidos y que con su trabajo aportan al desarrollo económico de aquel país, así como al sostenimiento de sus países de origen, tal el caso de Honduras que el año pasado recibió más de 9,000 millones de dólares en remesas.
Lo prioritario ahora es que cada país expulsador de migrantes revise sus políticas públicas, y también que comiencen a redefinir programas de atención de los problemas que empujan a sus connacionales a dejar sus países de origen para ir a otros, en este caso Estados Unidos, a buscar las oportunidades soñadas para atender sus necesidades básicas. Más allá de las consideraciones ideológicas, ello es lo urgente.
